La mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz han firmado convenios para que los menores infractores puedan ejecutar medidas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, tal y como establece la Ley de responsabilidad penal del menor. Los consistorios de la capital gaditana y Arcos ya han iniciado los trámites para sumarse a este programa al que cada vez se acogen más chicos y chicas. En 2011 se efectuaron en la provincia 230 medidas de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, una cifra que supera a la de 2010, año en el que fueron 187.

Dichas medidas, ordenadas por los Juzgados de Menores y ejecutadas en virtud de un convenio de colaboración con la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, se caracterizan por ser alternativas a la privación de libertad y desarrollarse en el entorno social del menor. Únicamente se les aplican a los jóvenes que cometen infracciones y no delitos, es decir, violaciones de la ley o reglamentos de carácter leve, por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o que derivan en multas de tráfico.

La ejecución de estas medidas se llevan a cabo a través del Equipo de Medio Abierto, compuesto por profesionales de distintas disciplinas del campo de lo social. Además de las prestaciones de servicio a la comunidad, también se decretan otras como la libertad vigilada; la permanencia de fin de semana en centros especializados; la asistencia a un centro de día; la convivencia en grupo educativo; tareas socio educativas o la privación del permiso de conducir.

Además de los ayuntamientos que colaboran en el proyecto, multitud de asociaciones sin ánimo de lucro han querido participar en él. Algunas de ellas son la Asociación de Vecinos del Barrio de Puntales Fuerte de San Lorenzo, de Cádiz; la Asociación Arrabal, Aid, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chiclana (ARCHI); la Asociación de Defensa del Medio Ambiente y Protección Civil y la asociación Reto a la Esperanza, todas de Chiclana.

El perfil de chicos que llega a estos centros "es muy variable", explica Rafael Alberola, responsable de Reto a la esperanza, centrada en las funciones de rehabilitación y asistencia a drogadictos. "Las tareas que aquí desempeñan estos chavales pueden ser desde talleres ocupacionales, hasta labores de jardinería y pintura, cuidado de invernaderos o talleres de restauración de muebles". Alberola añade que la duración de estos trabajos en beneficio a la comunidad es variable, "ya que el tiempo que los muchachos pasan aquí se ajusta al tipo de infracción cometida, que puede variar de 20 días a incluso tres meses ". Durante el servicio y una vez finalizado este "se les realiza una evaluación de comportamiento, en la que hasta día de hoy todos han obtenido muy buenos resultados ". El único problema que apunta el director de la asociación es que "aunque el 100% de jóvenes que pasan por las instalaciones tienen un buen comportamiento, sin ningún tipo de conflicto, no existe la posibilidad de un seguimiento posterior del menor que analice su evolución". Algunos jóvenes, según cuenta Rafael Alberola, continúan por voluntad propia asistiendo a los centros para ejercer labores de ayuda.

El resultado durante estos dos años ha sido "bastante positivo" tanto en las asociaciones como en las departamentos municipales, ya que, "con la imposición de estas medidas se brinda la posibilidad de abordar la problemática de forma inmediata y en el entorno del menor para que los infractores puedan pensar en las consecuencias de sus actos y participar activamente en la reparación de los daños causados, fomentando su conciencia social y responsabilidad", afirman fuentes de la Delegación del Gobierno de la Junta.

La directora general de Justicia y Cooperación Juvenil de la Junta, Carmen Belinchón, corrobora "el buen funcionamiento del proyecto", aportando un dato: "el 80% de los chicos y chicas que se han visto bajo la Ley de responsabilidad penal del menor no vuelven a reincidir". Según la directora general "la clave del éxito radica en el compromiso que mantienen con los menores, no sólo los profesionales que les atienden, sino también el de sus familias".

"Es muy importante que el menor sea consciente de que se le está sometiendo a un seguimiento por parte del equipo técnico del programa a lo largo de todo el proceso", añade la directora general. Son muchos los organismos que colaboran en estos convenios, por lo que los profesionales encargados de seleccionar el entorno en el que el menor realizará su servicio a la comunidad disponen de muchas opciones, entre las que se encuentran la Cruz Roja o algún centro público de mayores.

Belinchón remarca también el "interés que están mostrando todos los ayuntamientos para que este proyecto funcione y lo continúe haciendo por mucho tiempo".