La elevada tasa de paro y, por tanto de desempleados, en la provincia de Cádiz, sumados a los Expedientes de Regulación de Empleo y al cierre de empresas forman parte del triste panorama laboral gaditano que, sin embargo, no acaba ahí, en simple estadística. Esta realidad tiene otra faceta, más importante si cabe, que es el drama social.

Un despido lleva aparejado el cobro de una prestación por desempleo y, antes, una indemnización por parte de la empresa. Pero, ¿qué ocurre cuando un negocio cierra o se declara insolvente para pagar a sus trabajadores, a los que ha tenido que despedir? Todo esto tiene un escenario: los juzgados de lo Social.

En la provincia de Cádiz existen siete: tres en la capital gaditana, otros tres en Jerez y uno en Algeciras, que se encarga de atender a todo el Campo de Gibraltar.

Sin embargo, y pese a que puedan parecer suficientes, los datos reflejan lo contrario. Según datos del Colegio de Graduados Sociales, en cada uno de esos juzgados se ha atendido en 2010 unos mil asuntos anuales: 7.000 en toda la provincia. No obstante, la avalancha de casos por la delicada situación laboral gaditana, hace que haya demandas presentadas a las que se les está señalando los juicios a finales de 2013 e, incluso, comienzos de 2014. Así lo explicó a este periódico el presidente de dicho Colegio, José Blas Fernández, quien además detalló que causas presentadas en los juzgados en 2009 y 2010, ni siquiera tienen aún fecha de juicio.

Según los datos incluidos en la memoria de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), entre las tres sedes (Cádiz, Jerez y Algeciras), se resolvieron el pasado año un total de 6.646 asuntos. De ellos, 2.473 corresponden a los de la capital gaditana; 1.223 al de Algeciras; y 2.950 a los de Jerez. Sin embargo, quedaron pendientes al final del año un total de 7.505 asuntos: de ellos, 4.166 pertenecen a Jerez. Dicho informe añade otro dato: la media de asuntos que ingresó el pasado ejercicio cada órgano judicial.

Para entender este aspecto hay que explicar lo que en el ámbito judicial se entiende por módulo, que es la media de asuntos que se entiende asumible en cada juzgado al año. En el caso de los juzgados de lo Social, el TSJA estima que esa media anual es de 850 asuntos. Pues en el informe se explica que, en cada uno de los tres juzgados de Cádiz capital entró el pasado año una media de 936 asuntos (un 10,1% más de lo estipulado); en el de Jerez, 884 (un 4% más); pero el más llamativo es de Algeciras: 1.652 asuntos por cada juzgado, un 94,4% más de lo asumible y el porcentaje más alto de toda Andalucía. Por ello, el propio TSJA recomienda la creación de un nuevo órgano judicial en la comarca algecireña, "ya que en los últimos cinco años su carga de trabajo ha sido un 60% de media superior al módulo de entrada", señala el informe.

Cada uno de los siete juzgados de lo Social en la provincia, al igual que el resto, tiene que tratar asuntos que se refieren a despidos, conflictos colectivos, reclamación de cantidades, Seguridad Social y otras reclamaciones.

Otra pata de este problema, según el presidente del Colegio de Graduados Sociales, es la situación de "bloqueo" que, según estima, padece el Fondo de Garantía Social (Fogasa). Este órgano es el encargado de hacer frente a los pagos a los trabajadores en caso de imposibilidad diversa por parte de sus empresas. José Blas Fernández lo resume así: "Si me despiden, hago primero la conciliación, después la demanda de despido, espero a que me cite el juzgado, se da audiencia, si la empresa no aparece la tienen que citar en el BOE, se celebra juicio, ponen la sentencia y después se ejecuta; si no existe la empresa, paga el Fogasa. Así pueden pasar cuatro o cinco años para cobrar. Es una situación caótica porque los jueces no pueden más".

Por otra parte, Fernández sigue manteniendo otra tesis: que los jueces de lo Social deben estar especializados. "Hoy, cualquiera acude a esta jurisdicción. Hay que hacer una reforma para que cada juez natural sea especialista en la materia. Eso de que yo sea juez de lo Penal y porque se haya quedado una vacante libre en lo Social me pasen allí sin tener ni idea, eso hace mucho daño". Por eso, explica que el Colegio que preside pretende solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no tanto crear un juzgado de lo Social más, porque en épocas de menos trabajo quedará libre y un juzgado cuesta mucho, como que pongan más jueces de apoyo". Recuerda que en los años 80 en Cádiz, cuando se desbordó la situación social por otra crisis, "venían jueces de Sevilla o de Jerez como apoyo. Son jueces eventuales pero especialistas, que resuelvan problemas. Si no es especialista, no hacemos nada. Y también hay que meter personal especializado: los tribunales no pueden improvisar a funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo o de cualquier otro sitio".

Por último, José Blas Fernández reclama una modificación de la Ley de planta y demarcación judicial, la que dictamina que los asuntos que ocurran en los diferentes municipios gaditanos se vean en los juzgados de Cádiz, Jerez o Algeciras.

Según explica, también ocurre que la gratuidad de los procesos hace que se recurra en exceso y, por tanto, se saturen más los juzgados. Para él, "es verdad que en la jurisdicción social se pleitea gratuitamente y quien no tiene nada que perder lo hace, pero habrá que poner coto a esta situación para que, como en el resto, tenga un coste porque eso paralizaría muchos asuntos. Mucha gente que dice que se va al juzgado por una reclamación y le dicen que tiene que pagar abogado o procurador, y no lo hace; muchas veces es un filtro para muchos que, por ejemplo, recurren por recurrir, sin creer siquiera que tienen razón y dilatan el procedimiento por si suena la flauta".