CUANDO la desaceleración económica de Rodríguez Zapatero era ya crisis pura y dura en las calles de España, el alcalde de Jimena de la Frontera, Pascual Collado, me comentó de forma muy cruda: "Jorge, la crisis le está tocando las tripas a la gente". Por su despacho llevaban meses pasando ciudadanos que, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, habían engrosado en las listas del INEN y que pedían lógicamente trabajo "de lo que sea". A medida que ha pasado el tiempo, la gente ya no le reclama un empleo. Ahora, la mayoría se conforma con una ayuda para comer, para pagar el alquiler o la hipoteca, para abonar el recibo de la luz o el agua, para la leche del niño…Y Pascual no deja de escucharles impotente, y, cuando el caso es muy desesperado, echa mano a su cartera para tapar un agujero, porque las arcas municipales no están para muchas alegrías: dan para pagar nóminas, gasto corriente y poco más.

Ante las puertas del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, los parados se concentran  un día sí y otro también como si fuera la oficina de empleo. Su alcalde, Arsenio Cordero, sufre también en sus carnes la desesperación de quienes no encuentran trabajo, de quienes se les acaba el subsidio o la ayuda, de quienes están bajo el umbral de la pobreza cuando no hacía mucho vivían dignamente.

Collado y Cordero, como el resto de los alcaldes gaditanos, le ponen todos los días cara al paro en una provincia que durante esta crisis ha perdido 85.000 empleos -hay 170.000 parados-, y saben que muchos de ellos tendrán aún que esperar para recuperarlo. El crecimiento económico del 1,3% en 2011 que prevé el Gobierno no traerá mucho empleo. Sólo en 2012 se empezará a ver luz al final de este túnel.

Dicho esto, bien harían los 600 trabajadores de Delphi que quedan por recolocarse en replantearse sus protestas y sus reivindicaciones. La situación laboral que viven, cobrando unos 1.500 euros mensuales por recibir cursos de formación, es algo más que privilegiada. En su día se aprovecharon de un periodo electoral y lograron un acuerdo leonino con la Junta de Andalucía, que, como ya ocurriera con Santana Motor, tomó el camino equivocado: poner dinero público para solucionar un problema de la iniciativa privada  (sin olvidar las subvenciones que se perdieron por el camino). Y es que corren el riesgo de que, ante una pérdida de apoyo popular que se han ganado a pulso -los medios de comunicación y los periodistas han sido demasiado prudentes ante una situación insostenible- y una cruda realidad, la Junta de Andalucía cierre el grifo tras invertir 110 millones de euros en darles un estatus de parados VIP durante los últimos tres años.