LA connivencia entre la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad y Consumo queda patente al hacer coincidir en el tiempo el anteproyecto de Ley Andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, paradigma de la confrontación entre pacientes y médicos, entre buenos y malos, y, a su vez, las declaraciones del ministro Bernat Soria sobre la regulación en esta legislatura del Suicidio Asistido, que sería un paso previo a la Eutanasia Activa a través de cambios en el Código Penal.

En ambos casos se escudan en algo que está perfectamente regulado en España, como es la Muerte Digna. Lo primero que quiero transmitir como médico y como político es un mensaje de confianza a la población española, ya que la dignidad ante la muerte en España debería de estar garantizada básicamente en todo el territorio nacional, basándose en dos aspectos a destacar: la legislación vigente sobre voluntades anticipadas, autonomías e información del paciente, derechos y deberes de los pacientes, cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, etcétera, siendo obligación de las diferentes administraciones publicas su observancia y el poner los diferentes medios para el cumplimento de dicha legislación .

El segundo aspecto, que debe de servir de correa de transmisión de confianza hacia la sociedad en general y a los enfermos en particular, es la ética y profesionalidad de los trabajadores sanitarios, pues ya desde Hipócrates se prohibía al médico atentar en el uso de su arte contra la vida de sus pacientes, siendo el juramento hipocrático uno de los primeros alegatos a favor de la vida, oponiéndose a la eutanasia activa y al suicidio. El llamado encarnizamiento terapéutico no es medicina y sólo nos hace recordar reminiscencias de un pasado en el que a enfermos terminales, por intereses políticos, se les sometía a tratamientos extraordinarios de los que no se podían esperar ningún beneficio.

La consejera de Salud quiere dar la sensación de la existencia de un problema que es ficticio, en parte por la formación y ética de los profesionales y en parte por la actual legislación vigente, comités de ética de los hospitales, código de ética y deontológica de la Organización Médica Colegial y dictámenes de la Asociación Médica Mundial.

Lo único interesante del anteproyecto de la Ley Andaluza es el título y el artículo 12, que garantiza lo que ya tenía que estar garantizado y extendido al 100% de la población según la Cartera de Servicios del Servicio Andaluz de Salud, como son los cuidados paliativos, cuyas deficiencias en Andalucía son de verdad el eje del problema. Cuando hablamos de cuidados paliativos estamos hablando de la atención que debe recibir un paciente cuando está en la última etapa de una enfermedad progresiva, cuando ya no responde a los tratamientos específicos destinados a curar o aumentar la supervivencia. Para evitar que en determinados casos se siga muriendo mal en Andalucía hay que extender, con suficiente dotación presupuestaria, Unidades de Cuidados Paliativos de Alta Calidad, en los hospitales, incluidos los comarcales, y en los centros de salud, creando así una red real dirigida a enfermos y familiares tanto a nivel urbano como a la gran olvidada, que es la atención sanitaria rural.

Y es que la humanización de la atención sanitaria es de gran importancia. La atención debe ser multidisciplinaria e integral, dando respuesta a las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales, aunando esfuerzos en la misma dirección: médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, asesores espirituales y la propia familia. La ética profesional, junto con la dotación oportuna de material y personal por parte de la administración sanitaria, es la forma de garantizar la calidad asistencial a los enfermos terminales.

El anteproyecto de ley sobra; lo que falta, como dicen los especialistas de cuidados paliativos, es formación y recursos humanos y técnicos suficientes para poder universalizar sus cuidados.

Desde esta tribuna le transmito a la consejera que a la hora de nombrar un Comité de Ética e Investigación que se decante por profesionales independientes e interlocutores socio-sanitarios elegidos por las corporaciones y asociaciones oportunas, y no abusar de nombramientos directos por parte de la propia Consejería. A su vez, le ruego que no entretenga a la población andaluza con debates estériles sobre anteproyectos absurdos que lo único que persiguen es distraer a los ciudadanos de los verdaderos problemas que arrastra la sanidad andaluza, como son el incumplimiento de la cartera de servicios, listas de espera, tiempo en consulta y, sobre todo, que se dediquen el máximo de recursos humanos y económicos en buscar el confort, intimidad y dignidad en la atención de los pacientes; en especial, de los más necesitados, como son los enfermos terminales.