LA adaptación de España al Plan Bolonia está siendo un despropósito. Sin haberse completado un ciclo completo del modelo 4+1 implantado por el Gobierno Zapatero (cuatro años de grado y uno de máster), nos vemos ahora zarandeados con otra reforma de las titulaciones universitarias. El decreto Wert es otra muestra del desaguisado en que estamos metidos en temas de educación superior. Para entender la situación, conviene hacer algo de historia.

En 1999, los ministros de Educación de la Unión Europea, reunidos en Bolonia, aprobaron una Declaración para impulsar la convergencia de las titulaciones universitarias de los Estados miembros, facilitar la movilidad de los estudiantes y propiciar la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los ministros de Educación proponían acortar la duración de las enseñanzas superiores para que nuestros jóvenes titulados pudieran obtener una acreditación profesional homologable en toda la UE, facilitándoles la incorporación al mercado de trabajo a edades más tempranas.

Como la UE no tiene competencias en materia de educación, la Declaración de Bolonia era un acuerdo de cooperación intergubernamental que dejaba a los gobiernos de los estados miembros amplio margen para su aplicación. Podían así elegir entre dos modelos: el 3+2 (tres años de grado y dos años de máster) y el 4+1 (cuatro años de grado y uno de máster).

El Gobierno español eligió la opción 4+1 sin tener en cuenta que era la que peor sintonizaba con los demás países de nuestro entorno (UE-15), que habían elegido mayoritariamente el modelo 3+2. Haciendo un símil ferroviario, España elegía un carril de vía ancha, cuando en el resto de la UE se estaba eligiendo el de vía estrecha, corriendo el riesgo de aislarse al poner trabas a la movilidad estudiantil.

En nuestra opinión, la elección del modelo 4+1 se debió a varias razones. Una, porque suprimir las diplomaturas y subsumirlas en grados de de cuatro años satisfacía las viejas demandas de las Escuelas universitarias (sobre todo, de maestros y peritos) por equipararse profesionalmente con las facultades y escuelas de ingeniería. Otra, porque el modelo 4+1 satisfacía también al profesorado de las licenciaturas e ingenierías, ya que permitía mantener casi intactos sus planes de estudios (y por tanto, las asignaturas) al reducirse sólo en un año la duración de las enseñanzas que antes se impartían en cinco. En resumen, la elección fue más el resultado de presiones corporativistas y gremiales, que de un debate racional y serio sobre cómo mejorar nuestra educación superior.

Tras el esfuerzo realizado y no pocas tensiones internas en los departamentos de las universidades para aplicar el modelo 4+1, había conciencia en la comunidad universitaria de que el proceso no se había resuelto satisfactoriamente y de que España no estaba bien adaptada al EEES.

Después de darle vueltas a cómo arreglar el problema, llega la reforma Wert, que, como tantas otras, se queda de nuevo a medias. Acaso para evitar la reacción airada de una comunidad universitaria cansada de coser y descoser reforma tras reforma, el ministro Wert se limita a ofrecer la posibilidad de que las universidades que lo deseen puedan cambiar su modelo 4+1 por el 3+2, lo que significa reducir a tres años el ciclo de grado y ampliar a dos años el de máster.

Y esto ocurre cuando la financiación de la educación superior pública sufre fuertes recortes en España, produciéndose, además, una importante transferencia de costes a las familias vía incremento de las tasas de matrícula. No cabe ignorar las implicaciones económicas de uno u otro modelo, pero conviene evitar que tales asuntos enturbien lo que debería ser un amplio debate sobre nuestra enseñanza superior.

Los temas económicos y los académicos están, sin duda, interconectados, pero deben ser tratados en debates diferentes. Ambos debates han de converger en una reforma que trate el tema de los grados y másteres, pero también el modelo de financiación (becas, matrículas del grado, precio de los máster…) y la ineficiencia del actual sistema de gobernanza de nuestras universidades. Y todo ello con el objetivo de tener una educación pública de la mejor calidad y de asegurar la igualdad de oportunidades.

Es una irresponsabilidad del ministro Wert haber aprobado su reforma sin consenso y en un momento inoportuno como éste (al final de la legislatura y en un año cargado de citas electorales). Para resolver estos problemas con perspectivas de estabilidad, creemos necesario un pacto de Estado en materia de educación superior. Pero para que esto sea posible, habría que paralizar la aplicación de la reforma Wert, recuperar el espíritu de la Declaración de Bolonia y dejar espacio a que el pacto sea posible.