ALGO no está claro en la ya tradicional paralización estival de las obras del puente. Si en 2010 y 2011 los trabajos se pararon de un día para otro y los ciudadanos y políticos sólo se enteraron tras denunciarlo Diario de Cádiz, en esta ocasión estas peculiares vacaciones laborales se han ido tomando poco a poco. Un tajo aquí y otro allá a lo largo de agosto hasta que el 1 de septiembre se echó la baraja en toda la gran infraestructura, menos en dos dovelas que, ya que estaban, había que dejarlas totalmente instaladas.

El parón de este año, además, aporta otra novedad respecto a los anteriores. Estas se justificaban por el impago de los trabajos por parte del Ministerio de Fomento, entonces en manos de los socialistas; ahora, sin embargo, lo que se ha venido afirmando desde un principio ha sido una falta de acuerdo por el coste de los añadidos que se han ido incluyendo en la obra en estos meses.

Lo que ha llamado la atención de esta excusa es que en ningún momento durante este mes ni desde el Ayuntamiento ni desde el Ministerio de Fomento, y menos desde Dragados -que es una tumba-, se ha querido informar sobre la cuantía de estos añadidos y qué incluían. Muchos millones debían de ser para que la constructora ordenase la paralización de absolutamente toda la obra, incluidos los tramos cuya financiación se suponía ya estaba garantizada, sobre todo cuando la obra, desde que se adjudicó hace siete años, ha incrementado su coste en ¡200! millones de euros, hasta alcanzar los 470 millones reflejados en los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio. Y 200 millones dan para mucho, casi para construir un nuevo puente y, seguro, que para incluir las novedades en la planificación: cambios en la rotonda de acceso a Cádiz, la plataforma del tranvía y poco más. Así ¿qué nuevas obras son esas que tanto han elevado las cuentas del puente como para que Dragados las paralice en su totalidad, y más cuando el proyecto encaraba su final?

El Gobierno del PP afirma una y otra vez que ellos sí están al día en el pago de las certificaciones de obras, y que los PGE garantizan toda la financiación. No es eso lo que se afirma desde fuentes directamente implicadas en este proyecto: lo que pasa ahora, dicen, es lo que pasó en 2010 y 2011, que Fomento no paga. Y que cuando se ha ido a reclamar el dinero al Ministerio, o por lo menos una partida para concluir el tramo atirantado, en el departamento de obras públicas han dicho que mejor se hable con Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, porque ellos ya no tienen dinero en caja. Nada de costosos añadidos, simplemente el abono de las certificaciones.

Desde el Partido Popular se volvió a defender ayer que el Gobierno de Rajoy sí paga y que todo se debe a los famosos añadidos. Pero cuándo se preguntan por cantidades y trabajo afectado, no se tienen datos.

En una operación tan delicada como la del segundo puente, de tanta importancia económica para Cádiz y de tanta relevancia electoral para el Partido Popular, y más con los comicios locales a la vuelta de la esquina, resulta preocupante que el Ayuntamiento de Cádiz no tenga datos sobre todas estas cuestiones. Es lo que dicen en San Juan de Dios, por lo que habrá que creerles.

Entre tanto silencio sí resuena con fuerza que la conexión entre San Juan de Dios y Madrid no es la que era cuando Aznar vivía en la Moncloa. En aquellos tiempos ya tan lejanos, Teófila Martínez levantaba un teléfono y los ministros se ponían firmes. Hoy, se llama a Fomento y no aclaran apenas nada del puente. Por si fuera poco aparece Montoro, que a la vez que ministro de Hacienda es también diputado por Sevilla y muñidor de la consecución para la capital hispalense de una Zona Franca, como la que Cádiz tardó años y años en obtener. ¡Vaya por Dios! No sólo da pan a quien no lo necesita, sino que no abre la hucha, o por lo menos le está costando, para terminar una obra que iba a ser un emblema de la ingeniería y la construcción en España y que va camino de convertirse en una vergüenza de 500 millones.