El Gobierno no sabe qué hacer con las cajas. La duda retumba en los pasillos del Ministerio de Economía y Hacienda y en la cabeza de Elena Salgado, la sustituta de Pedro Solbes, consciente de las repercusiones que supondrían los cambios planteados por el Banco de España, ese sorprendente fustigador de un Gobierno demasiado titubeante ante la crisis. La ambiciosa posición del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez era modificar las cuotas participativas para convertirlas en acciones abiertas al sector privado y por tanto también a la banca, que podría tomar posiciones con derechos de representación en las cajas.

La ley define las cuotas participativas como "valores negociables que representan aportaciones dinerarias de duración indefinida, que pueden ser aplicadas en igual proporción y a los mismos destinos que los fondos fundacionales y las reservas de la entidad". La figura, concebida como fórmula para paliar las dificultades de captación de recursos propios básicos por parte de las cajas de ahorros, no implica derechos políticos, y eso es justo lo que el Banco de España, con el respaldo de Solbes, quería cambiar.

Eliminar el blindaje de las cuotas permitiría reducir la influencia en los consejos de administración de comunidades autónomas y ayuntamientos. La vieja aspiración de la despolitización. Pero Salgado no lo ve, o hace tiempo hasta saber qué pensar, y el Ejecutivo recurre por ahora a la comodidad de lo ambiguo. "Hay un debate, un análisis sobre los elementos en los que se está trabajando para completar el apoyo a las entidades financieras", explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros. "Estamos en fase de diálogo con las fuerzas políticas y la oposición, y hasta que se aprueben las nuevas medidas, la información que se está manejando no deja de ser especulación", quiso zanjar.

En cualquier caso, los tiempos los maneja Economía. Fuentes ministeriales aclararon que la brújula con que trabaja Salgado es la moción aprobada en el Congreso el 17 de marzo sobre la reestructuración del sistema financiero. En ella, la Cámara Baja instaba al Ejecutivo a "presentar una hoja de ruta que defina y concrete el proceso de reestructuración [...] para acelerar las actuaciones destinadas a garantizar su solvencia, a la vez que asegurar que la liquidez alcanza a la totalidad del sistema productivo". Nadie sabe si esa hoja de ruta se materializará como una nueva ley de cajas.

La Cadena Ser fue más explícita. Según la emisora, la ministra baraja seriamente la posibilidad de desmarcarse del plan amasado por Solbes y el Banco de España. "No está aprobado nada, no hay nada decidido", insistieron desde el departamento de Salgado.

Los sindicatos exigen que una posible reforma de la ley se haga en el marco del diálogo social. CCOO afirma que la reforma de esta ley debe reestructurar y reordenar el sector, pero solucionando los problemas "de manera real" y reforzando su "naturaleza jurídica". El sindicato, que recordó que durante la reunión que mantuvo su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, con la ministra ya se trató la situación del sistema financiero, sostiene que se haga dentro del diálogo social y con la aportación de todas las partes implicadas para que el sector se reanime. UGT señaló que conceder derechos políticos a las cuotas participativas es una vía para privatizar las cajas, que unido a una reforma de los órganos de gobierno, convierte la modificación de la ley en un asunto de "tanto calado y de tanta trascendencia" que debe llevarse al marco del diálogo social.