La izada de la bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz, con motivo de la conmemoración, por parte del equipo de gobierno, del 85 aniversario de la proclamación de la II República y dentro de la programación de las Jornadas de la Memoria, acabó ayer con la orden de la retirada de la enseña por parte del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz, tras denuncia de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, en un auto dictado por la juez Carmen Beardo. El auto se basó en sentencias con pronunciamientos idénticos, como el del Tribunal Superior del País Vasco o el de Castilla y León contra el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, donde se apunta que cualquier partido puede usar la bandera en su sede, pero en un consistorio no puede exhibirse "otra bandera que no sea la oficial o la propia bandera del municipio".

Similares polémicas se produjeron ayer en otros ayuntamientos españoles gobernados por fuerzas de izquierda. Entre ellos el de Ayamonte, donde se izó la bandera a pesar de que la justicia lo prohibiera el día antes, invalidando el acuerdo plenario que aprobó la acción.

La bandera se había izado alrededor de las once de la mañana y cuatro horas después el Ayuntamiento la arrió tras acatar la medida cautelar impuesta por el Juzgado. El Consistorio gaditano, que recibía la comunicación a las tres y diez de la tarde, aceptó la medida aunque recalcó que junto a la bandera de la II República ondeaba la actual enseña española en un lugar preferente, así como la andaluza y el pendón morado de la ciudad "cumpliendo en todo momento la Ley de Banderas". Asimismo, el equipo de gobierno recordó que ya se izó en el mismo mástil tanto la bandera arcoiris como la de la transfobia o la scout, y resaltó que varios ayuntamientos también habían realizado homenajes con la bandera republicana como protagonista en más de una veintena de municipios, algunos en la provincia de Cádiz, como Trebujena o Puerto Real, y otros como Camas o Zaragoza. Eso sí, en Puerto Real, por ejemplo, la bandera no fue retirada porque no fue exhibida en el Ayuntamiento.

Antes de producirse el pronunciamiento del juzgado, el alcalde, José María González, por la mañana y con posterioridad al descubrimiento de la placa que recuerda desde ayer al alcalde y los 21 concejales de Cádiz que fueron asesinados a raíz del golpe de estado de julio de 1936, mostró, sin leerla, la comunicación enviada al Ayuntamiento por la Subdelegación del Gobierno "en la que se nos obliga a dar cuenta del porqué del izado de la bandera". González aseguró que el contenido de la misiva contaba con un "lenguaje violento", añadiendo que el PP "usa instituciones que controla para socavar actos como éste". Sobre la actitud del subdelegado del Gobierno "interino" en Cádiz, Javier de Torre, el alcalde lamentó "la discrecionalidad en la acción de un cargo institucional que ha ido a por el Ayuntamiento de Cádiz". Asimismo, se mostró "sorprendido" por "la celeridad judicial en esta ocasión, que contrasta con la lentitud mostrada en otros casos como el robo de droga en depósitos policiales en la ciudad o la búsqueda de Manuel Rodríguez de Castro". González criticó la denuncia presentada por la Subdelegación y sostuvo que "la rabia del PP prohíbe la memoria. Prefieren la bandera de Panamá".

El primer edil insistió en que el acto del izado "no contraviene ninguna ley, ni siquiera la Ley de Banderas puesto que esta normativa dice que la enseña nacional debe ondear en todos los edificios y administraciones públicas y así ha sido en todo momento".

José María González precisó que la bandera ondeó en el cuarto mástil habilitado "a modo de conmemoración del aniversario de la II República" y criticó las acusaciones realizadas desde el PP, "quienes deberían comenzar a mirar al pasado con otros ojos". Incidió en que existe una vinculación "casi genealógica entre el PP, como partido, y los responsables del golpe de estado del 36, pues fue fundado por los miembros del Gobierno de la dictadura franquista". Y añadió que "es sano mirar al pasado, enfrentarse a él y asimilarlo".

Fue una movida mañana de críticas hacia el alcalde, con alguna que otra respuesta de éste a sus adversarios políticos. El delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, mostró su sorpresa ante los ayuntamientos que "intentan hacer del Día de la República un espectáculo y siempre están en la confrontación", añadiendo que veía "una ofensa a la inteligencia, que con los problemas que tiene la ciudadanía, se esté hablando si se tiene que ondear una bandera u otra". López Gil dijo que "la normativa es muy clara y la bandera de España tiene que ondear en los edificios municipales". No obstante afirmó ser un "un convencido de que la república puede ser el mejor sistema posible, aunque tenemos una Constitución y está claro que marca las reglas".

José María González respondió a López Gil manifestando su "estupor" por sus críticas "a un acto de justicia y de reparación amparado en una normativa, la de Memoria Histórica, que su partido -el PSOE- aprobó. Es algo inaceptable". Recordó a López Gil "que de los seis concejales asesinados entre los meses de julio y septiembre de 1936 y que hoy se ha reconocido aquí, eran socialistas, de su partido". En este sentido, el alcalde señaló que "en la plaza de San Juan de Dios, he visto a militantes socialistas y me ha apenado ver como la curia del PSOE cada vez se aleja más de su militancia". Por último, el alcalde se cuestionó "qué pensarían esos seis concejales de algunos de sus herederos que hoy tienen tareas y responsables de gobierno dentro del PSOE".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, recordó al alcalde que "el Ayuntamiento no es la sede de su partido político, sino la sede de todos los gaditanos" y le pidió que "en lugar de insultar y descalificar, cumpla la ley que regula el uso de la bandera española". Sanz hizo un llamamiento al "respeto y lealtad institucional para todos" y señaló al alcalde de Cádiz que "en la sede de su partido tiene toda la libertad para izar las banderas y defender los planteamientos que desee, pero no en la casa de todos los gaditanos y en contra de lo que establece la legislación vigente".