El Defensor del Pueblo Andaluz mueve la cabeza de un lado a otro. No se cree estar visitando, en pleno siglo XXI, una finca en tan deplorable estado de habilitabilidad. Está asombrado. Y eso que, como él recalca, vivió los tiempos duros del Cerro del Moro durmiendo en un barracón como párroco y activista social en un barrio que era "una ciudad sin ley". Pero esto que está viendo no se lo esperaba. Pocos minutos antes, en el Ayuntamiento, ha anunciado la creación de un mapa de vivienda para Andalucía que se hará a pie de calle, con los trabajadores de la Oficina del Defensor haciendo tarea de campo. Ahora es él quien se encarga de dos visitas a requerimiento de la Asociación Pro Derechos Humanos. Una de ellas es en la finca del Campo del Sur, coloreada por fuera y gris por dentro. Y no da crédito a lo que ve.

Los vecinos le guían por una infravivienda de manual, con váter comunitario incluido en el primer piso, que el propietario "no quiere reparar", según le cuenta Macarena, que vive en el bajo con sus hijos mellizos, su pareja y sus suegros. Dos habitaciones que suman 30 metros cuadrados para seis personas. Maeztu dice que "esto no se puede permitir. Con menores por medio, esto es muy grave". Y pregunta a Macarena qué le dicen en el Ayuntamiento. "La asistenta social nos dice que hay mucha gente en cola o gente que está peor que nosotros", responde ella. Lola, otra vecina, le invita a subir las escaleras. "¿Puede usted meterse por ahí?", le pregunta. Quien defiende a los andaluces no tiene problema alguno. "Me meto donde quieras", contesta.

Ojo con la oscuridad. No hay luz en las zonas comunes. "A mi padre, que está enfermo y vive arriba, no lo puede recoger la ambulancia de noche porque no hay luz en la escalera", apunta Lola.

Maeztu abre los ojos ante escombros y puntales. En el primer piso, tras entrar en el único y diminuto cuarto que habita Lola, posa sus manos ante un barandal que, agrietado, se mueve. "Aquí puede ocurrir cualquier desgracia. La actitud pasiva del propietario es evidente", lamenta. Se hace cargo personalmente del problema en este edificio. "Situaciones como ésta son preocupantes. Presentaré una queja y a ver cómo actuamos", señala mientras pide a Rafael Lara, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz, que recoja los datos de los inquilinos.

Los padres de Lola llegan arriba. El padre, asfixiado, pide un vaso. Su cara delata que está enfermo. Desde el segundo piso baja la hermana de Macarena, embarazada. Maeztu se interesa por su estado. Será una niña que vendrá al mundo para vivir en una finca de aspecto aterrador. En un momento dado, Macarena avisa de la peligrosidad de que periodistas y vecinos se concentren en una esquina del pasillo. "Se puede hundir, no me fío", advierte.

Cerca de la finca del Campo del Sur, Jesús Maeztu visita Regimiento de Infantería, 20. En la puerta que da a la calle y en la que da al patio los vecinos han colgado carteles con ese leyenda: "Propiedad de una banda de canallas". Cuqui Gatica enseña el techo destrozado bajo el suelo que pisan sus tíos en el primer piso, una imagen que acompaña a este reportaje. En este cuarto de la planta baja es donde la propiedad amontona los escombros de las obras. "Tienen miedo a poner la lavadora porque cimbrea y es peligroso", explica. El propietario está "desaparecido en combate", denuncia Cuqui.

Los tíos de Cuqui, Rosalía y Andrés del Castillo, hermanos que viven juntos, llegaron a ganar un juicio al propietario actual, que "echó a todos los vecinos que no tenían contratos anteriores a la Ley Boyer, como los tenemos nosotros".

A Maeztu, lo que ha visto le resulta suficiente para certificar que en el mapa de vivienda para Cádiz habrá un apartado especial para la infravivienda. Porque sabe que las dos fincas visitadas no son, como creía, casos puntuales. Porque, como bien dice, "esto es una verdadera emergencia".