Recuerda, en la misma línea expresada por el Ministerio Fiscal, que la ley prevé diversos mecanismos en la fase del constitución del jurado popular.

Diego G.G., el autor de los hechos, había matado de forma previa a su mujer, que trabajaba para el fallecido, en Sorbas.

El parricida padece una enfermedad mental, por lo que el Ministerio Público le aprecia una circunstancia eximente incompleta, si bien reclama otros nueve años de internamiento en un establecimiento adecuado.

El Ministerio Público cree que actuó en legítima defensa, mientras que la familia de la víctima reclama 12 años y medio de cárcel por homicidio. También serán juzgadas por un jurado popular otras tres personas por delitos de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

El magitrado presidente ha explicado que los tres acusados deben permaneceer en prisión provisional comunicada incondicional hasta al mitad de la duración de las condenas impuestas, en febrero de 2021.

La sentencia acuerda prorrogar hasta el 9 de noviembre de 2024 la situación de prisión en la que se encuentra el condenado.

El veredicto considera probado el intento de agredir sexualmente a la fallecida.

El Ministerio Público ha reitrado la petición del delito de profanación de cadáveres.

El fiscal mantiene la petición de dos años y 6 meses por el delito de robo con violencia perpetrado en casa habitada.

Los forenses declararon que la presión le rompió el cartílago tiroides en la garganta.