La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado el “silencio” de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante las reiteradas peticiones de ex trabajadores de Delphi, que tras años de actividad en la Bahía de Cádiz cerró definitivamente en 2007 dejando sin empleo a más de 1.900 trabajadores. 

La multinacional estadounidense con sede en Troy (Michigan) se había instalado en Puerto Real en 1981–aunque también tenía plantas en Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Madrid-, y desde 1986 hasta el año de su cierre en 2007 había recibido más de 60 millones de euros en subvenciones públicas. Cuando la empresa anunció el cierre, justificándolo en base a “cinco años continuados de pérdidas económicas”, las elecciones autonómicas de Andalucía estaban a punto de celebrarse, exactamente el 25 de mayo. 

Recuerda CGT que desde el Gobierno andaluz, en manos entonces del PSOE, se realizaron “promesas para rebajar la tensión entre los trabajadores ante los inminentes comicios en los que se jugaban mucho”. Matiza el sindicato que “los trabajadores mantuvieron la esperanza de tener una solución tras pasar la fecha de aquellas elecciones”. 

El entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ofreció a todos los afectados una serie de medidas sociolaborales como “recolocaciones y empleo para todos, formación de cara a futuros empleos a muy corto plazo y prejubilaciones desde 2007 a los afectados con 53 años hasta 2010”. Sin embargo, lamenta CGT, que “con el paso del tiempo la Junta de Andalucía se fue desentendiendo de los trabajadores”. Empezó entonces la lucha de los trabajadores que aún continúa a través de algunos de sus representantes. 

El despido de Delphi vino a costar a las arcas públicas unos 425 millones de euros. Una parte de este dinero se destinó a organizar cursos formativos para los desempleados. Muchos se acogieron a estos cursos y cumplieron con los requisitos que se les pedían para realizarlos. 

Al cabo de un tiempo se declaró que estos cursos de formación y los contratos que se habían realizado en relación a los mismos, eran fraudulentos, y se apuntó a los trabajadores que habían estado realizándolos para que devolviesen unas cantidades económicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social y prestación de desempleo. 

Es decir, el SEPE consideró que los contratos que se realizaron a estos trabajadores una vez que fueron despedidos de Delphi y como método para paliar la situación hasta que se encontrara una solución laboral, “fueron ilegales y se les solicita la devolución de los ingresos  indebidamente percibidos”.

La situación denunciada por la CGT es “dramática” a juicio del sindicato, teniendo en cuenta que “desde el año 2007, cuando la multinacional cierra definitivamente, once personas del colectivo afectado por los despidos se han quitado la vida, destrozando o marcando para siempre la de sus seres queridos en una región machacada por la destrucción sistemática de empleo y con unas altas tasas de paro”. 

Por ello, CGT exige al Gobierno de España una solución inmediata para este colectivo de trabajadores, que arrastran desde hace años una dramática situación social y económica “sin que desde ninguna institución regional o estatal, ni ninguna formación política, muestre el más mínimo interés por encontrar una vía de entendimiento”. Recuerdan también que “en ningún caso puede ser la clase trabajadora, empobrecida y ninguneada, la que siga poniendo los muertos en este conflicto que quieren dejar caer en el olvido con los años y a costa de vidas inocentes”.