No le faltaba razón a la presidenta de Diputación, Irene García, cuando dijo el jueves que los terrenos de Delphi llevaban años con planes que no cristalizaban y que, al menos, con el del Cádiz C.F. había algo encima de la mesa. Otra cosa es que sea el mejor de todos.

El club amarillo ha presentado esta semana un proyecto tecnológico asociado al deporte tras comprar los terrenos de Delphi a la administración concursal de esta empresa.  Según el presidente del club amarillo, Manuel Vizcaíno, la inversión en el proyecto será de 100 millones de euros y vendrá asociada a un gestor de fondos de inversión llamado Oceana Group. Y como telón de fondo las ayudas procedentes del fondo CVC que ha gestionado la Liga de Fútbol Profesional y que en una buena parte se debe invertir en infraestructuras.

A la hora de analizar esta operación del Cádiz hay que verla desde dos puntos de vista. Una es la de la compra de unos terrenos para los que la Autoridad Portuaria tiene una reserva de suelo para que sean declarados de utilidad pública y se inicie un proceso de expropiación, al no llegar en su día a un acuerdo con los administradores concursales.

El abogado el Estado presente en un consejo de administración de Las Aletas fue categórico cuando se le preguntó que podría ocurrir si un privado se hacía con ese suelo: “Quien compre Delphi estará comprando un pleito futuro”.

El día de la presentación del proyecto hubo mucho interés por parte de Ricardo Gómez Barredo, el representante de Oceana Group, para que los fotógrafos fueran a los terrenos e hicieran fotos a unas máquinas que, según él , estaban ya trabajando. Sería algo inaudito que apenas unos días después de adquirir unos terrenos, ya se estuviera manos a la obra, quizás para poder demostrar algo en un futuro en una posible causa judicial.

Cuando se produjo esa frase del abogado del Estado, su colega de la Autoridad Portuaria comunicó tanto al administrador concursal como al Juzgado de lo Mercantil que estaba realizada esa reserva de suelo. En este sentido, algunos letrados consultados por este periódico aseguran que el administrador concursal  tiene la obligación de informar sobre las cargas que tiene el suelo, como por ejemplo la deuda que se mantenía con el Ayuntamiento de Puerto Real en concepto de IBI o la citada reserva de suelo, por lo que el Cádiz sabe que eso puede generar problemas en el futuro.

Manuel Vizcaíno envió una carta a los socios y eso no era casualidad. Se producía un día después de que se amontonaran un buen número de dudas sobre el proyecto.

Y parte de ese escepticismo del cadismo se produce porque en esa empresa que viene de la mano del club amarillo para hacer la inversión está calada hasta los huesos con la gente y las sociedades del consejero Rafael Contreras.

Este empresario ha tenido una importante notoriedad en los últimos años en la provincia gaditana pero no por su éxito empresarial, sino porque detrás de mucho de sus proyectos hubo mucho humo vinculado a muchas subvenciones públicas. Uno de los casos paradigmáticos es el de Torrot, la empresa que iba a hacer unos velocípedos eléctricos en la antigua Altadis e hasta que un buen día las obras se pararon. Allí mismo en la Zona Franca, cerca del Edificio Europa en el recinto fiscal, están las motos eléctricas de Muving abandonadas después de retirar el servicio en la capital gaditana. Y para aumentar las dudas, al Cádiz no se le ocurre otra cosa que poner en la presentación del proyecto a un hombre que está investigado en una de las ramificaciones del caso Villarejo, una de las causas más mediáticas que hay.