La Policía Nacional, a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia de Cádiz, ha realizado en el año 2023 488 inspecciones a servicios y empresas del ámbito de la seguridad privada a fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas y que tanto las empresas como el personal a su servicio cumplen con todos los requisitos de autorización y habilitación que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada les exige.

Si bien el grueso de las inspecciones se circunscribieron a servicios de vigilancia y protección y a establecimientos obligados a estar provistos de medidas de seguridad, igualmente se realizaron 19 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 21 en eventos deportivos, 7 en ferias y 12 en locales de ocio nocturno.

Fruto de esta labor de control en 2023 se han cursado 13 propuestas de sanción contra empresas del sector de las que 6 fueron dirigidas contra empresas receptoras de alarmas por deficiencias detectadas en la gestión de los avisos de alarma y 7 a empresas de seguridad con motivo de anomalías en la prestación de los servicios de vigilancia y protección, principalmente derivadas de incumplimientos contractuales con los clientes, desempeño de servicios en vías públicas sin autorización previa siendo ésta preceptiva, la ejecución de un servicio específico sin el arma de fuego siendo exigible su porte en virtud de la Ley de Seguridad Privada o la no realización de la formación permanente obligatoria por parte de los vigilantes. De igual modo se han cursado cuatro denuncias contra clientes de empresas receptoras de señales de alarma por hacer un uso indebido de los pulsadores de atraco instalados en sus negocios.

Erradicación del intrusismo en el sector de la seguridad privada

En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera muy positivo, cerrándose el año con 16 denuncias, siendo un año más el sector de la construcción donde se producen más casos (8 en concreto), seguido del ámbito de los grandes eventos públicos (4 casos), los supermercados (2 casos) y el ocio nocturno y las comunidades de propietarios (1 caso en cada uno).

Conviene decir que la gran mayoría de los trabajadores detectados estaban contratados por empresas de servicios auxiliares o de 'controladores', si bien se detectaron 4 casos en los que los trabajadores habían sido empleados directamente por los dueños o gerentes de las propiedades a proteger pero carecían del preceptivo contrato de trabajo y no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, hechos de los que se dio debida cuenta a la Inspección de Trabajo en la provincia. Igualmente, se han registrado dos casos en los que dos empresas de servicios auxiliares empleaban a dos magrebíes para la vigilancia en obras, obligándoles a realizar jornadas laborales que superaban ampliamente las 40 horas de trabajo semanales y el máximo de horas extras permitidos por la normativa laboral sin percibir remuneración adicional por ello ni compensación en tiempo libre.

La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

Duras sanciones para el intrusismo

La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior para realizar servicios de Seguridad Privada, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado con sanciones de entre 20.001 y 100.000 euros, en este sentido. 

En el año 2023 se propuso para sanción a siete empresas que subcontrataron a otras proveedoras de servicios auxiliares para la realización de funciones de vigilancia y protección siendo conocedoras de que las mismas no estaban autorizadas para ello por el Ministerio del Interior.

Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada

En la provincia de Cádiz existe en la actualidad un censo de 12.693 personas habilitadas como personal de seguridad privada, si bien no todos ellos se encontrarían activos en este momento. De ellas 3.418 son vigilantes que de manera continuada ejercen su profesión a diario en la provincia, cooperando de manera permanente con la Policía Nacional para la preservación de la seguridad de los ciudadanos. Fruto de esa estrecha relación, durante 2023 se produjeron un total de 1.529 colaboraciones que en 49 casos se saldaron con la detención de autores de delitos, principalmente por la comisión de delitos contra el patrimonio producidos mayormente en grandes superficies comerciales, supermercados y, ocasionalmente, en hospitales.