Aunque el número de líneas cerradas en la provincia ha descendido sustancialmente este curso según la comparativa, desde USTEA advierten de la tendencia en los últimos años a seguir eliminando aulas en la pública mientras se aseguran unidades en la concertada. Además, señalan, hay que tener en cuenta las clases refuerzo Covid para maquillar ratios ilegales.

En cualquier caso, los datos dicen que en el curso 2019-20 se suprimieron 109 unidades en la provincia gaditana, 121 en el 20-21, 47 en el 21-22 y once durante este año. Los números se refieren a las líneas de primero de Infantil –que son las definitorias–, repartiéndose entre diez en la pública y una en la concertada. “Los centros concertados –indica, desde USTEA, Daniel Fernández– suponen el 23% del total de la oferta educativa pero, cuando se habla de recortes, sólo le afectan un 9%”.

La baja natalidad impenitente es uno de los motivos recurrentes que arroja la administración para justificar el cierre de líneas. Sólo desde hace cinco años, por ejemplo, la provincia ha perdido 13.000 alumnos: en el curso 2016-17, había un total de 276.648 alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en la provincia: 217.701 en centros públicos; 50.406, en concertados, y 8.541 en privados no concertados. El cálculo estimado para este curso 22-23 recoge un total de 263.589 alumnos, 203.401 en centros públicos, 51.508 en concertados y 8.680 en privados no concertados. Es decir, simplemente en un lustro, se ve que la pérdida de alumnos la asume únicamente el sistema público, mientras que el concertado incluso suma capacidad.

Para la unión sindical, este hecho no puede más que explicarse a partir de la capacidad de predecir el futuro por parte de la Consejería de Educación, “que tiene una bola de cristal y sabe que todos los niños no nacidos iban a pedir centros públicos y no concertados”, ya que es en estos donde se está acometiendo el desbroce mayoritario. Este año, por ejemplo, la concertada salió con 110 unidades a la oferta en la provincia y llenó 109; la pública salió con 376 y llenó 383: es decir, tampoco parece axiomática la otra gran excusa de la Junta, la demanda. “La pública sale a la baja según oferta de solicitudes: ya a priori se van recortando unidades –apunta Domínguez–. Cuando hay mucha demanda, es cierto que se da. Pero la realidad nos dice que, si reduces a una línea y bajas a 25 plazas, los padres dejan de echar solicitudes por si el niño se va a quedar fuera del centro. Ese recorte de antemano ya coloca a la pública en una situación de discriminación de salida. De hecho, este año la mayor demanda ha obligado a que se abran nuevas unidades respecto a la oferta inicial que se hace en marzo”.

Además, casi la totalidad de las familias que solicitan un centro –afirma Daniel Domínguez– consiguen su primer destino, un 97% (96,% en la pública y en centros concertados, 97,2%): “Casi todo el mundo entra, pero si oferto cinco tipos de pescado de un lado y, de otro, sólo ofrezco uno, estoy ante un agravio comparativo. El efecto disuasorio existe”.

Cuando una línea desaparece, nadie dice que no se vaya a recuperar aunque, en la práctica, esto suceda en muchas ocasiones: “En principio, como decimos, si hay demanda suficiente, se amplía. Pero, ante una reducción de líneas, rige el principio de precaución en los padres. Y luego hay trampas como las de los centros rurales, donde se reúnen dos grupos cuando bajan de quince. Si luego lo mismo llegan dos familias con más niños, la respuesta suele ser que está cerrada a quince”, asegura.

Los recortes de líneas no sólo suponen una ocasión perdida de mejora educativa, sino una pérdida de puestos trabajo, recuerdan desde USTEA: “Por cada línea cerrada, se pierden un profesor y medio. Si has cerrado 1.450 unidades en Andalucía, te has cargado a 1.800 trabajadores –puntualiza Daniel Domínguez–. Estás llevando a cabo un ERE encubierto en la educación, cuando Andalucía es la comunidad con mayor índice de abandono escolar, siendo la segunda con menor inversión en educación, sólo por detrás de Madrid, que ya vemos el modelo”.

Así, con el ejemplo de Madrid, el escenario se prometía difícil para la pública –pública no concertada–, con un gobierno del PP en San Telmo, pero los años del PSOE no se quedaron atrás en las políticas de reducción: “Nosotros hemos hecho huelgas también a nivel nacional, con PSOE y Podemos ahora en el gobierno”, señala al respecto Domínguez.

Para Ustea, la educación publica lleva años viviendo un ERE encubierto

“Dame herramientas y déjame competir. Dame aulas matinales, comedores, no limites el número de plazas, deja la matricula abierta...”, desarrolla, señalando otro ejemplo práctico: “Tres años después de su apertura, el Instituto Elena García Armada, en Jerez, no tiene suficiente conexión a internet y alumnado y profesorado comparten datos”. Hace unas semanas, el mismo centro vio cómo se caía un muro a causa del temporal.

Desde USTEA, advierten también de que, este último año, se han trasvasado puestos que cursos atrás eran de refuerzo Covid a la creación de unidades de Primaria en centros que anteriormente (preCovid) tenían ratios ilegales: “Se ha aprovechado el refuerzo Covid proveniente de la UE para desdoblar unidades y dejarlas por debajo de ratio, pero estamos perdiendo la posibilidad original, que era reforzar y, simplemente, ir dividiendo –explica Domínguez–. Además, esos refuerzos se han dado en septiembre, con la planificación ya hecha, y se ha tenido que cambiar. De hecho, algún centro lo ha rechazado porque ya habían montando un aula del futuro, o una biblioteca, o lo que fuera si sobraba algún sitio. Lo que el sistema reclama no son refuerzos, sino solución a necesidades estructurales. Y, en principio, es una solución pensada para este curso: nadie en la Consejería se atreve a contestar si estas unidades llegan para quedarse estructuralmente o sólo para este curso. Los centros, por otra parte, tienen que planificar a largo plazo”.

Así, un análisis más profundo arrojaría datos más preocupantes, como la supresión de 26 unidades de infantil en la provincia. Para USTEA, una muestra reciente del desinterés de la administración autonómica tuvo lugar durante la reciente presentación en el Parlamento andaluz de las 53.000 firmas que apoyaban la bajada de ratio, respaldando una iniciativa de treinta organizaciones educativas: “Cuando se defendió, no había nadie del PP en la bancada. La consejera llegó justo cuando se terminó la exposición. La excusa fue que la comparecencia fue a la hora comida”. Teresa Rodríguez, implicada a varios frentes en el asunto, contestó que su grupo también estaba comiendo y, cuando se enteraron de que había dado inicio la sesión, acudieron.

La bajada de ratio supone, opina Daniel Fernández, “ganas de gestionar bien”, y pone de ejemplo a un centro como el de La Marquesa, en Jerez, que tiene dos unidades con 25 niños y tres niños de educación especial en cada uno. A unos metros, está el Arana Beato, con 12 niños. Un sinsentido. “Dividamos en grupos más pequeños, demos educación de verdad. ¿Por qué se eligen unos centros y no otros? Pues en la primera impresión de los padres priman las infraestructuras, abandonadas desde hace tiempo, y los servicios que ofrecen. El Arana Beato, por ejemplo, lleva 15 años pidiendo un comedor escolar, y no se lo estás dando, lo mismo eso tiene algo que ver”.

Otra cuestión a tratar durante este curso es la aplicación de la nueva norma educativa, que ha dado lugar a una evaluación eminentemente criterial: “Se está formando ahora a gente para que forme al profesorado al respecto, mientras que los profesores no saben ni por dónde respirar”.

Desde USTEA mencionan también la cuestión de la educación especial, apuntando con satisfacción que este año se han creado 26 aulas de este tipo en la provincia: “Aquí vuelve a darse la paradoja que todas estas aulas se han creado en centros públicos, los cuales están encantados de recibir y atender al alumnado con necesidades educativas específicas (NEE). Parece ser que en la escuela concertada la Consejería no quiere a este alumnado pues aunque hay contadas peticiones por parte de estos centros, no se les ha concedido ninguna aula”, indican.

“El sistema publico –subraya Domínguez– es el garante de este tipo de situaciones. Sin detrimento de la educación general ya que, cuando llegas a la EBAU, los mejores resultados se reparten entre los centros públicos. Pero también el alumnado de educación especial es el primero que sufre los recortes a nivel de infraestructura, personal, etc”.

Los espacios de acción que le quedan a la pública, reflexiona Domínguez, pasan por salir a la calle: “Se están quitando puestos de trabajo, con una carga de trabajo brutal que haría que cualquier otro sector también se movilizara. Y las familias han de pedir más recursos y medios. No podemos normalizar el funcionamiento de un sistema únicamente en las ganas y la buena voluntad, que para que el huerto escolar siga funcionando venga el profesor jubilado y demás. Y debemos tener un acuerdo general para que exista estabilidad legislativa”.