"Cuando llamas a un albañil o a un fontanero, lo más normal es que te diga que, si lo haces sin factura, te sale por tanto”, Paco Galán, empresario agropecuario, resume así el enraizado escenario de la economía sumergida. Alta en España, aún más alta en Andalucía, despiporrada en Cádiz. La estimación base indica que el peso promedio de la economía sumergida en la provincia de Cádiz en el periodo 1986-2020 fue del 33,5 % del PIB oficial: es decir, un tercio de la producción económica. En el año 2020, el de el/los confinamiento/s, el resultado fue de un 16,8 % del PIB. Un hallazgo que “está en línea con los resultados previos en Andalucía y España, que también presentan un patrón de U invertida, con un máximo en los 90”, afirma en su estudio Análisis de Economía Sumergida en la Provincia de Cádiz Vicente Ríos, profesor de Economía, Gestión y Métodos Cuantitativos de la Universidad de Milán.

Para José Muñoz, secretario general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia (FEMCA), que una de las tres patas de los ingresos económicos de la provincia esté rota apunta a un escenario insostenible. Para el responsable, que la economía sumergida cuente con tan tremendo espacio es una cuestión “de educación, no sólo en Cádiz, sino en Andalucía e incluso diría que es un poco marca España. Se valora en positivo al que es capaz de eludir impuestos, alquila en negro su casa, o monta una sala de celebraciones en una antigua nave de carpintería. Es imposible –afirma– que todas la salas de celebraciones que aparecen en Chiclana con una mera búsqueda en Google sean legales”.

El mal es ambiental, endémico, “y ha llegado el momento de tomar decisiones, por ejemplo, con los pagos electrónicos: es una forma de ir sembrando directrices”, añade.

Según apunta el informe de Vicente Ríos, el volumen de dinero efectivo destinado a realizar transacciones en la economía sumergida alcanzo su máximo en el año 2007, cuando que se empleó una cantidad de dinero para transacciones opacas de 806 millones de euros, apunta el informe. Posteriormente a esta cifra, se redujo drásticamente: en 2020, el efectivo en circulación destinado a transacciones ocultas en la provincia de Cádiz se situó en 75.8 millones de euros. No es difícil adivinar que en algo influye el cada vez mayor uso de métodos de pago electrónicos, que tampoco son la panacea: desde la Confederación de Empresarios de Cádiz, por ejemplo, señalan el auge de las estafas online y las nuevas formas de pago. La picaresca no va a seguir siendo como en el siglo pasado.

Al respecto, Muñoz señala la necesidad de que los organismos superiores asuman las competencias: “La administración local controla las licencias de apertura, y sabe qué comercios la tienen o no, igual con consumo, industria, medio ambiente... La normativa tiene que permitir que los inspectores entren en los domicilios particulares. Nosotros sabemos de talleres e instaladores legales que pasan por cuatro o cinco inspecciones al año, porque los que están en las listas son ellos. También –continúa– cuando se hace una foto a un taller ilegal, y se ven las matrículas de los coches que están ahí, se puede hacer una campaña informativa en la que se requieran las facturas de las revisiones que ha tenido el vehículo”.

Según el último estudio de la CEC, la economía sumergida en Cádiz esconde 1.500 millones de euros anuales y las actividades no declaradas representan hasta el 24,7% del PIB en la provincia. Para tratar de paliar la hemorragia, la Confederación de Empresarios de Cádiz ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre los perjuicios que ocasiona la economía irregular que “pretende impactar en la conciencia de la sociedad gaditana y luchar contra la competencia desleal que supone para las empresas y autónomos que sí cumplen con las obligaciones derivadas de su actividad”, ha destacado su secretaria general, Carmen Romero.

La economía sumergida supuso el 33,5% del PIB de la provincia de Cádiz de 1986 a 2020

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Dipuactiva, desarrollado por la CEC con la financiación del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social de la Diputación Provincial de Cádiz, y se articula a través la dirección economiasumergida.empresariosdecadiz.es.

Bajo el lema ‘No te engañes: la economía sumergida nos hunde a todos’, la CEC quiere poner de manifiesto el daño que estos comportamientos generan en la sociedad, “no solo los más evidentes, como la falta de contribución a los recursos comunes y el fraude, sino también sobre los riesgos derivados de su práctica, como la falta de garantías de los consumidores, la inexistencia de prevención de riesgos, la falta de calidad e incluso el incurrir en prácticas ilegales”, argumenta Carmen Romero.

Y es que, si la cuestión tributaria es la primera que se nos viene a la cabeza –esa gran tarta común de la que nosotros mismos vamos birlando pedazos–, no son menos desdeñables los otros perjuicios que causa la economía en negro. Ya sabemos que cada uno de nosotros tiene 323 euros menos gracias a los pagos en B. “La economía sumergida estimula la corrupción, deteriora la seguridad ciudadana, daña el medio ambiente”, añade Romero.

Dada su diversidad, en el sector del metal, asegura José Muñoz, tiene muchas maneras de atacar. “El ejemplo más socorrido –explica– es el del taller de reparación de coches. Por pequeño que sea un negocio, tiene que tener normativa, de consumo, de industria y medio ambiente, con un cartel con el horario de trabajo, hoja de reclamaciones, que las piezas se las pueda dar al consumidor, tratamiento de residuos... La cantidad de requerimientos es tremenda. Si nos vamos al lado oscuro, se está mucho mejor y es mucho más barato: tirar el aceite a la red, revendes la batería. Y, como no hay registro, nadie sabe si has manejado dos baterías o doscientas. O, por ejemplo, en esa línea, el sector de las instalaciones de climatización: si no trabaja un profesional, te arriesgas a que quien acuda a un evento pueda pillar legionela, y a quién reclamas; o en una instalación contra incendios, que más te vale que la haga una instaladora homologada”.

“A todo ello, añade –continúa– que el que no cumpla el convenio está en economía sumergida: lo está, por ejemplo, si el trabajador viene de otras provincias, o la empresa tiene sede fiscal en otras provincias. Si el concurso de electrificación de un edificio lo gana una empresa de Sevilla y no se adecua al convenio de Cádiz, es ilegal. En nuestro sector, el matiz social es muy importante porque si la rueda te la cambia alguien de forma ilegal, puede costarte la vida”.

1.500 millones son los que esconden los pagos en negro en Cádiz, según el último informe de la CEC

En el campo, la devaluación del producto va por varios frentes. Aunque la mecánica es similar a la de otros sectores, Paco Galán señala que es muy difícil que los precios “puedan estrecharse aún más”: “Los intermediarios nos bajan mucho los precios, hay mucha competencia. En este sector es muy difícil porque apenas hay capacidad de reacción. Los agricultores no tenemos beneficios, subsistimos –señala–. Nosotros no podemos sacar cantidades mayores de 1000 euros que no sean facturas. Aquí todavía se habla en pesetas, porque da la sensación de que es más dinero”. Y se ha devaluado hasta el euro. En esta vendimia, en la que el viñedo ha sufrido muchísimo la sequía, los precios de la uva han subido mucho: “Pero ojo, es la subida que tenía que haber tenido hace diez años”. Y en una recogida excepcional, en la que de los 10.000 kilos habituales por hectárea se ha pasado a seis, siete, ocho mil, “vas a cubrir gastos”. Paco Galán lleva unas 500 hectáreas en las que no sólo tiene viñas, sino que va cultivando algodón, garbanzo, trigo, boniatos, zanahoria o tomates. Ahora mismo, da cobertura a 17 personas.

En el campo, como en todos los demás palos, un producto por debajo del precio estipulado suele tocar primero el jornal de quien trabaja. Y después va todo lo demás: “Si yo tengo un viñedo ecológico, con una certificación que pagamos y un gasto incrementado, porque uso unos productos fitosatinarios específicos, etc., el bodeguero que viene a comprar la uva tiene una garantía de que ha pasado por todo eso –comenta–. Si luego analizas el vino y te sale de todo, pues en teoría yo tengo un certificado por el CAE y a mí sí me puedes pedir responsabilidad; a otro, no”.

Pero no cree que el público en general sea consciente de esas pérdidas. Tampoco lo piensa José Muñoz: “El monedero pesa mucho y no somos conscientes de lo que implica un aparente ahorro”, asegura, apuntando a lo elevado de un IVA que puede suponer “el 21% en el titular de un vehículo, cuando en otros lugares se ha enfocado buscando una posterior reducción de IRPF”.

El portal puesto en marcha por la CEC recoge distintos buzones de denuncia que, tanto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como la Junta de Andalucía, ponen a disposición de cualquier ciudadano para que se denuncien posibles casos de vulneración de los derechos de los trabajadores o fraude a la Agencia Tributaria.

Tanto Galán como Muñoz son algo escépticos respecto a las denuncias. Para el primero, lo fundamental sería que la posibilidad de cometer un fraude fuera imposible o fuertemente disuasoria. Galán recoge el sentir de empresarios que opinan que “la denuncia particular no es la solución, porque hace que nos convirtamos en policía. Es la administración la que debe cumplir con su cometido, pero como federación, estamos dispuestos a recoger denuncias anónimas y, que al menos, conste que se han comunicado”.

La economía sumergida es, por lógica aplastante, la gran amiga de las depresiones económicas. Durante el anterior periodo de recesión, el que trajo la crisis del ladrillo, ejerció, de ello, como respiradero in extremis. El estudio de Vicente Ríos llega hasta 2020: desde entonces, han pasado tantas cosas que no nos atrevemos ni a brindar en Fin de Año. Y las voces no hacen más que repetir que a las vacas se les está marcando el costillar: los vientos hacen enarcar las cejas ante las buenas intenciones. “Muchos nos tenemos que la tendencia se mantenga y que, por alguna posible decisión que se toma, se pueda hasta incrementar”, indica José Muñoz, mencionando la última revisión que ha vivido la Reforma Laboral, que “viene en el peor momento y no se alinea para nada con la necesidad de progreso”.