Estaba claro que el verano 2020 iba a ser complicado en muchos aspectos, pero estas complicaciones están llegando incluso a las relaciones vecinales. Es el caso de lo que ha ocurrido en la urbanización Colominas-Puerto Príncipe de Valdelagrana.

En los nueve bloques de este complejo hay unos 550 propietarios, muchos de los cuales están en pie de guerra contra la decisión de la comunidad de no abrir este verano la piscina del complejo residencial.

Es cierto que durante el confinamiento la posibilidad de que se abrieran las piscinas este verano se veía lejana, sobre todo a raíz de las duras condiciones que estableció en un principio el gobierno central, con aforos del 30% y peticiones de cita previa por parte de los vecinos.

Cuando llegó la nueva normalidad y la Junta de Andalucía estableció las normas, la restricción del aforo se amplió hasta el 75% y ya no era tampoco necesario establecer turnos de uso mediante cita previa, sino simplemente respetar las distancias de seguridad que rigen en estos tiempos, habilitando la señalización necesaria para ello.

Así las cosas, la mayoría de las piscinas comunitarias que existen en El Puerto de Santa María están ya funcionando. Algunas, las menos, han decidido no abrir, previo acuerdo con los vecinos.

Una imagen de la piscina de la urbanización.

En el caso de esta urbanización de Valdelagrana, el asunto va más allá porque a pesar de la petición generalizada de los vecinos, que tuvieron que forzar incluso una asamblea para aprobar, por unanimidad, que se abriera la piscina, la presidencia de la intercomunidad no ha accedido a ello. Incluso en algunos de los bloques se han producido destituciones de presidentes, por no respetar la voluntad de los vecinos.

La abogada  Julia Sanandrés Frade, propietaria de uno de los pisos de la urbanización, es una de las vecinas que está liderando la lucha contra la presidencia de la comunidad, al considerar que se está atentando contra los intereses de los vecinos.

Esta vecina, y otros  residentes que la apoyan, han movilizado a muchos de los propietarios y exigen que los presidentes de los bloques y de la intercomunidad respeten sus derechos, ya que como recuerdan "son los propietarios por votación quienes deciden, no los presidentes", señalando también que "no es una obligación ir a la piscina,  pero sí un derecho que no se puede suprimir unilateralmente".

Tal y como explica esta vecina "los propietarios pagamos para disfrutar de las instalaciones de la comunidad, en este caso de la piscina, no para hipotéticas futuras obras que ni siquiera han sido sometidas a votación".

Además señala que "los gastos de la piscina son este año inferiores a otros anteriores, puesto que la piscina pequeña está cerrada y solo son necesarios dos socorristas, cuando otros veranos han sido tres".

En cuanto al control del aforo, del 75%, en este caso no habría problema ya que se controla mediante fichas.

Julia Sanandrés explica que los vecinos forzaron una asamblea que se celebró el pasado sábado, votando unánimemente los asistentes por la apertura de la piscina, petición que hasta el momento ha caído en saco roto. Esta vecina denuncia que incluso está recibiendo amenazas y presiones por parte de otros vecinos de la urbanización, a raíz de esta polémica.

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con responsables de la intercomunidad, sin éxito.

Y en tanto esta lucha se prolonga, sin que los afectados descarten acudir a la vía judicial, el verano avanza y la piscina sigue vacía, ocupada únicamente por las numerosas gaviotas que la frecuentan.