"José Blas, firma el bono social". Esta expresión se ha venido repitiendo por tierra (en diferentes escritos dirigidos al concejal del Partido Popular), mar (a través de las redes sociales) y aire (en vivo y en directo a lo largo del último pleno) en las últimas semanas. Pero por ahora, José Blas Fernández va a seguir sin firmar el convenio que en su calidad de presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz le corresponde y que permitiría la puesta en marcha de esta medida impulsada por Podemos y que ya pasó en su día el primer filtro (el del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz).

Fernández anunció en su día que había elevado consulta a un bufete de abogados experto en cuestiones de compañías eléctricas (Cuatrecasas) antes de proceder a la firma del convenio de la fundación con la comercializadora eléctrica, para contar con todas las garantías legales. Y el informe elaborado por los abogados -al que ha tenido acceso este periódico- establece una serie de lagunas o dudas respecto al proceso decidido por el equipo de gobierno para la aplicación de este bono que dejan en el aire la definitiva puesta en marcha.

El informe recomienda elevar una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos

El punto de partida de estas dudas es la situación actual de la fundación, que no está al día. En concreto, se señala que la fundación no ha presentado durante los últimos ejercicios "los planes de actividades, inventarios ni cuentas anuales, estando además prácticamente inactiva"; y que los cargos del patronato "se encuentran caducados", lo que afectaría a las obligaciones de rendición de cuentas. Todo ello implicaría, según el informe, la aplicación del régimen especial por parte de la fundación.

Una segunda laguna que apunta el despacho de abogados al que se ha elevado consulta está relacionada con la votación del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz en la que se acordó poner en marcha este bono social. Aunque el informe no entra demasiado en el asunto -porque no es objeto de la consulta solicitada- sí advierte que fueron los consejeros nombrados por el Ayuntamiento "los que han decidido, con el voto en contra o ausencia de los consejeros nombrados por los socios minoritarios de la mercantil, llevar a cabo la creación del bono social gaditano"; y teniendo en cuenta "que en los últimos ejercicios era el Ayuntamiento el que destinaba partidas presupuestarias al pago de facturas eléctricas de determinados consumidores y que con el bono social gaditano se pretende que sea la suministradora la que colabore con los ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones económicas", se puede llegar a entender que la puesta en marcha de este bono social se trata, en definitiva, de un "dividendo encubierto a favor del Ayuntamiento". Es decir, que en lugar de afrontar el Ayuntamiento el 100% de las ayudas al pago de la luz -como viene haciendo hasta ahora- esa cuantía sería repartida también entre los socios minoritarios (Endesa, con un 35%; y Unicaja, con un 10%), que precisamente no votaron a favor de este bono social.

Otro aspecto que pone de relieve el informe realizado para la fundación Eléctrica de Cádiz es el de la laguna que supone que la suministradora eléctrica aporte parte de sus beneficios (600.000 euros el primer año) a la fundación para que ésta abone recibos de los clientes de la comercializadora. "Las relaciones comerciales existentes entre la suministradora y la comercializadora podrían llegar a suponer la apreciación de un beneficio o contraprestación", indica el informe.

Además, se habla del papel de la fundación en relación con los criterios establecidos para la aplicación de este bono social. Es decir, entiende el informe que si la fundación está obligada a destinar todo el dinero que reciba de la suministradora de Eléctrica al pago de recibos y si es el Ayuntamiento el que le indicará a la fundación qué personas pueden beneficiarse de este bono, se puede concluir en una "irrelevancia del papel de la fundación como mero transmisor formal de las aportaciones de la suministradora a un colectivo que la fundación no eligo, lo que podría conllevar la apreciación de una intervención simulada".

Ante todas estas lagunas que plantea el proceso de aplicación del bono social gaditano -junto a otras relacionadas con el régimen fiscal y posibles deducciones fiscales que Eléctrica de Cádiz conseguiría, en última instancia, con este nuevo procedimiento- el informe concluye recomendando "la formulación de una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos que permita obtener certeza jurídica al respecto de estos extremos".