‘El proceso electoral en el siglo XIX: su rastro en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz’ es el título del nuevo documento destacado lanzado por el Archivo Provincial de Cádiz y que, como suele ser habitual, rescata documentos históricos aprovechando la actualidad más inmediata, en este caso las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Confeccionado por Avelina Benítez Barea, técnica del Archivo gaditano, el documento analiza los distintos procesos electorales producidos en España desde principios del siglo XIX, con limitaciones en el derecho al voto sencillamente anacrónicas (los sordomudos no podían ejercer ese derecho, por ejemplo) y una evolución histórica que transcurrió desde el sufragio censitario, con múltiples limitaciones, hasta un sufragio universal que se completó cuando en la II República las mujeres pudieron por primera vez participar en la decisión más fundamental de un sistema democrático. El documento indaga, pues, en la evolución de aquellas urnas que, nacidas en blanco y negro, fueron ganando paulatinamente con los colores de la libertad.

Comienza el documento con un breve análisis de la historia electoral española: “El largo camino a través del cual se llega al sufragio universal en España se inicia en plena Guerra de la Independencia con la Instrucción para la elección de Diputados a Cortes de 1810 y culmina, definitivamente, en 1931 con el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Previamente, en 1890, se había establecido el sufragio universal masculino. De esta forma, durante prácticamente todo el siglo XIX las diferentes leyes electorales abogaron por un sufragio censitario, en el cual el voto se reservaba solo a aquellas personas, los varones, con un determinado nivel de renta o capacidad intelectual, de modo que, en la práctica, no todos los españoles tenían los mismos derechos”.

Pormenorizada lista de los electores del Distrito Catedral en 1864.

Aquella primera elección de diputados a Cortes de 1810 eran tan selectiva que el derecho a voto se reconocía, a los hombres a partir de los 25 años, a aquellos “parroquianos con casa abierta” (o sea, que dispusieran de algún tipo de industria), al tiempo que se prohibía el voto a quienes hubieran sufrido “pena corporal aflictiva, a los deudores a los caudales públicos, a los dementes, los sordomudos y los extranjeros”. Una elitista medida que, evidentemente, tenía sus consecuencias en el resultado final de tan limitadas votaciones.

En cuanto a los documentos que custodia el Archivo referidos a la provincia gaditana, se explica: “En el fondo del Gobierno Civil, dentro de la serie ‘Expedientes de elecciones’, encontramos diversa documentación de Cádiz y algunos municipios de la provincia referente a los procesos electorales que tuvieron lugar entre 1838 y 1864. Lamentablemente, la documentación de dicho fondo entre los años 1868 y 1939 no se ha conservado, careciendo de datos, tanto de esta serie como de otras muchas, para un periodo tan importante y decisivo en nuestra historia reciente”.

Sí se conserva en el Archivo de la calle Cristóbal Colón, por ejemplo, las listas electorales la ciudad de Cádiz, con los cinco distritos en que se dividía la capital en 1864.

Convocatoria de juntas de parroquias del año 1839.

“En dichas listas, por orden alfabético, aparecen relacionados los electores elegibles y no elegibles, su profesión, cuota de contribución o capacidad, domicilio y barrio correspondiente. Igualmente, conservamos, del mismo año, la lista ultimada de los electores para diputados a Cortes con expresión de los que han fallecido, se hallan ausentes, o se ignora su domicilio, con la profesión que ejercen y las opiniones por las que son conocidos; lo que nos ofrece una foto fija de la sociedad gaditana en esos momentos de un valor incuestionable, las diferencias sociales, ideológicas, económicas y culturales de su población y su reflejo en la configuración de los diferentes barrios de la ciudad”, se explica desde el Archivo en el documento.

En ellas aparecen personajes tan conocidos como Adolfo de Castro, académico de la Historia, elegible por sus capacidades; Eduardo Genovés, comerciante; José Moreno de Mora, propietario y comerciante, o José María Viniegra, propietario y naviero. Estos últimos, además, eran ciudadanos elegibles por el elevado nivel de sus rentas.