La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha celebrado hoy concentraciones en diversas capitales andaluzas para denunciar el colapso que se está produciendo en los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como en su aterrizaje más cercano a los ciudadanos, los ayuntamientos. En Cádiz, la concentración ha tenido lugar en la plaza Asdrúbal, ante el edificio de la Junta de Andalucía. Miembros de Derechos Humanos han desplegado una pancarta y han leído un manifiesto denunciando esa situación de colapso, el agravamiento de la pobreza a consecuencia de la pandemia y para reivindicar, en definitiva, una reactivación efectiva de unos servicios sociales que para la asociación deben ser "públicos, universales y de calidad".

Toché García, del grupo de marginación de Derechos Humanos en la Bahía de Cádiz, y Luisa Cortés, secretaria de la asociación en el mismo ámbito, han explicado a los medios que la concentración de esta mañana quiere convertirse en un serio toque de atención ante "el mal funcionamiento de los servicios sociales", un hecho que la pandemia no ha venido sino a agravar con la suspensión de la asistencia presencial y su sustitución por la atención telefónica y la telemática. Esta última, por cierto, ha dejado al descubierto la verdadera gravedad de la llamada brecha digital: "Las personas más vulnerables siguen estando a la cola".

Para Derechos Humanos, este mal funcionamiento se produce tanto en la Junta de Andalucía como en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia que, en general, "no han estado a la altura" de la demanda que se ha producido de manera especial en estos tiempos de pandemia. Sin especificar cuáles, Derechos Humanos explica que hay ayuntamientos que se han esforzado más que otros (en el apartado negativo sí han citado al de El Puerto), pero en general no ha sido suficiente a juicio de la asociación.

Tanto en su intervención ante los medios como en el manifiesto leído en la concentración, desde Derechos Humanos se recuerda que cada día se producen en Andalucía "18 lanzamientos habitacionales", es decir resoluciones judiciales para ejecutar desahucios, y tres de ellos son en tierras gaditanas, según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial. El 66% por ciento de los casos están motivados por impagos del alquiler. Derechos Humanos criticó en este punto las hasta ahora ineficaces medidas del Gobierno central en este tema.

Derechos Humanos apuesta en su manifiesto por aplicar de inmediato "las medidas necesarias y urgentes" para solventar el colapso en la atención de los servicios sociales, con especial insistencia en acortar la demora de hasta 18 meses que se produce, según la asociación, en la solicitud de la renta mínima de inserción, y en poner en marcha la renta básica universal.

En la concentración estuvieron presentes dos concejalas del Ayuntamiento de Cádiz: Helena Fernández, edil de Asuntos Sociales, y Eva Tubío, de Vivienda. Fernández señaló a los medios que apoyaban las peticiones de Derechos Humanos y que, precisamente, son los ayuntamientos los que más soportan este colapso, cuya responsabilidad elevó a la Junta de Andalucía a la que reclamó un "refuerzo del personal". Helena Fernández dijo que el Ayuntamiento ha asumido con fondos propios el aumento de las demandas sociales y alertó de la llegada a las oficinas municipales de un usuario de nuevo perfil, personas que hasta ahora no habían usado los servicios sociales.