El acuerdo de las nuevas 37,5 horas ya tiene la firma del Susana Díaz. El Consejo de Gobierno ratificó ayer el al que llegaron la Consejería de Hacienda y los sindicatos y que servirá para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la organización laboral de los empleados públicos de la Administración regional que el Ejecutivo socialista prometió en junio de 2016. Tendrán 35 horas presenciales de trabajo a la semana, como prometió Díaz, pero también otras dos horas y media que los funcionarios deberán dedicar a tareas de preparación no presenciales y que estarán incluidas en un catálogo que la Junta está elaborando.

Con una semana de retraso, el gabinete socialista rubricó el acuerdo que el pasado lunes firmó María Jesús Montero con CCOO, UGT y CSIF. Según explicó la semana pasada el portavoz del Gobierno, la dilación respondía a una necesidad de establecer un método para que los trabajadores públicos de la Junta pudieran acreditar esas 2,5 horas que deben sumar a su jornada. Esta solución está ya en camino. La Consejería de Hacienda y Administración Pública está redactando un catálogo de labores de preparación que deberá estar fijado para el 8 de enero, que es cuando los trabajadores públicos recuperan la jornada normal tras las vacaciones de Navidad.

Se trata de una parte de la jornada laboral que antes no se computaba y ahora sí"

"Es una parte de la jornada que antes no se computaba y ahora sí", explicó Montero, calificó como un "estímulo" el nuevo tratamiento que se les dará a los trabajos realizados en casa por los trabajadores públicos. Además, garantizó que el documento para acreditar las 2,5 horas no presenciales será "flexible y "exhaustivo", es decir, que recogerá un gran número de actividades muy variadas -adecuadas a cada sector de la Administración regional- y que puedan adaptarse a la realidad de cada puesto de trabajo.

Lo que sí dejó claro la titular de Hacienda es que no se implantará un método extraordinario para controlar este teletrabajo y serán los "responsables directos" los encargados de comprobar que los trabajadores cumplen con sus labores fuera de la oficina, la consulta o la clase. "No tendría sentido controlarlo de una manera distinta, añadió Montero, que defendió los beneficios que tendrán esas labores de formación y preparación para el trabajador público y para la propia Administración.

La consejera reconoció ayer, como adelantó el miércoles pasado en el Parlamento, que, en realidad, el retraso sirvió para mostrar el compromiso de la Administración andaluza con la legalidad vigente y no una fórmula para fijar cómo se iba a acreditar el cumplimiento de esas 2,5 horas. "El contexto político", incidió Montero en referencia velada al conflicto catalán, hizo necesario que el Gobierno de Susana Díaz notificase al Constitucional que acataba la sentencia y el método que pensaba seguir. Por eso, el Consejo de Gobierno sólo tomó conocimiento la semana pasada de un acuerdo que ayer quedó ratificado. Todo ello sin que en San Telmo hayan recibido comunicación alguna del Alto Tribunal sobre la idoneidad del procedimiento empleado por la Junta.

"Habrá que batallar para que los derechos vuelvan a los empleados públicos", lamentó Montero, que instó ayer al Gobierno central a que incorpore la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los funcionarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la consejera de Hacienda recordó que sólo nueve regiones habían incorporado este derecho para sus trabajadores antes de que el decreto de los recortes de 2012 se lo llevara por delante.