El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha criticado que el Gobierno de la Nación esté "invitando" a marcharse del país a los inmigrantes irregulares ahora que, con la actual situación de crisis económica, "parece que no hace falta tanta mano de obra barata". Responde así el defensor a las declaraciones que varios dirigentes del PP han realizado a lo largo de la semana a propósito de la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de cobrar 710 euros mensuales (hasta 1.800 si tienen más de 65 años) a aquellas personas que no tengan regularizada su situación administrativa en el país a partir del 1 de septiembre. 

En concreto, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, dijo el martes que "lo que tienen que hacer los inmigrantes ilegales es volver a sus países" para que España "deje de ser el paraíso de la inmigración ilegal" y, al día siguiente, el secretario general del grupo parlamentario popular, Rafael Salas, señaló que "los problemas" se acabarían cuando estas personas "regularizasen sus papeles y su situación". 

Chamizo ha sido muy crítico ante estas afirmaciones, en primer lugar, porque las considera "contradictorias con un servicio de salud que tiene que prestar una atención universal" y, en segundo lugar, "porque exigir 700 euros anuales como si fuera un seguro privado a personas que no tienen puesto de trabajo es una invitación a que se vayan del país".

"Mientras ha hecho falta esta mano de obra barata no nos hemos dado cuenta por lo visto de que estaban aquí; y ahora que las cosas van mal parece que queremos prescindir de unas personas que no pueden volver a su país, simplemente, porque allí les queda morir y poco más", ha apostillado tras reiterar que en los países de origen de los inmigrantes "la hambruna, la sequía y los conflictos bélicos están a la orden del día".

Para el defensor, esta iniciativa, a pesar de que "parece que va a garantizar algunos aspectos como las urgencias y la atención a menores y a mujeres embarazadas", no tiene tampoco justificación económica, ya que el gasto que representa en el conjunto de la sanidad española el colectivo de inmigrantes irregulares es "mínimo". De hecho, la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, señaló el jueves que solo representan el 0,6 por ciento en las consultas externas en la comunidad y el 0,6 en Atención Primaria, algo que confirma el Defensor y que, en su opinión, tiene toda lógica porque "tienen mucho miedo de ir al médico porque puede ser el camino directo para la expulsión".

Por todo ello, y aunque ha valorado que el borrador del Gobierno tiene una parte positiva y es la de establecer convenios sanitarios con los países de la Unión Europea cuyos habitantes vienen a España a practicar el conocido como 'turismo sanitario', Chamizo ha exigido al Ejecutivo central que "recapacite" y "replantee" el texto del futuro decreto. Sobre todo, insiste, "porque de esta manera no van a sacar a la sanidad pública del apuro económico que pueda tener".