Quiere contar su historia, en parte para que se conozca porque lo ocurrido ha estado a punto de arruinarle la vida para siempre y en parte -dice- "para que no vuelva a pasar". Ha esperado a que terminara todo y la situación se normalizara para poder hacerlo. Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Fernando ordenó a finales del pasado mes de octubre el sobreseimiento y archivo de la causa y la suspensión de las medidas cautelares que se habían adoptado casi un año antes -en diciembre de 2019- y que le han obligado a estar separado y sin contacto con su hijo de 7 años durante 11 meses por un presunto delito de abusos sexuales. "Ha sido un infierno, no tengo palabras para explicar lo que me han hecho pasar a mí y a mi familia, lo que hemos tenido que sufrir con todo esto", relata este isleño.  

"Ni siquiera ha habido juicio, la causa se ha archivado a petición de la Fiscalía al considerar que no había ninguna prueba", explica. Pero con la orden de alejamiento se ha perdido casi un año de la vida de su hijo porque además las diligencias abiertas chocaron con el frenazo impuesto por la pandemia y el confinamiento alargándose en el tiempo. "Lo que tenía que haberse resuelto en un plazo de tres meses ha tardado once", lamenta. 

Todo empezó por los dibujos que hacía su hijo en el colegio, cuenta. El menor, que tiene un diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista), realizaba en clase dibujos de penes que hacía de una manera obsesiva y que acompañaba de verbalizaciones de índole sexual que a su corta edad repetía una y otra vez. Tanto que la conducta del niño llevó al centro público a activar el protocolo al sospechar que podía estar ante un posible caso de abusos y a derivar el tema hacia los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando para terminar luego en la Fiscalía de Menores. 

El padre -que tiene la custodia compartida con la madre del menor- afirma que todavía le cuesta creer todo lo que ha pasado, la "bola" cada vez más grande que se fue montando hasta el extremo de estar a punto de engullirle. Lamenta la "ligereza" con la que, en una situación tan compleja y con un menor que tiene autismo, se han adoptado decisiones que han acarreado graves consecuencias familiares para él mismo y los suyos. Y culpa sobre todo de lo ocurrido al colegio, con el que antes mantenía ya diferencias en torno la educación de este menor con TEA al considerar que no era la adecuada y que, asegura, "no está preparado para atender las necesidades educativas de niños con este diagnóstico". "Conozco, de hecho, a otras tres familias con hijos con autismo que han tenido que sacar de allí a sus hijos", dice. Él también lo ha hecho después de lo ocurrido. Desde comienzos del nuevo curso, su hijo está ya escolarizado en otro centro. 

"Ha sido un infierno, no tengo palabras para explicar lo que me han hecho pasar a mí y a mi familia", dice el padre, que asegura que el niño no fue valorado por un especialista antes de iniciar el protocolo

Afirma que se convirtió un problema de conducta asociado al autismo en un posible caso de abusos sexuales sin antes consular con un especialista en la materia, lo que entiende que podría haber aportado otra perspectiva dadas las conductas estereotipadas y repetitivas que implica habitualmente un TEA. 

E insiste en que se impulsó el proceso legal -con todas las medidas cautelares que implica para asegurar la protección del menor- sin una valoración previa del niño por parte del especialista en autismo del EOEE (Equipo de Orientación Específico Educativo), algo que él mismo había solicitado en las reuniones que se mantuvieron en el centro antes para tratar el problema y en lo que todos aparentemente -dice- habían estado de acuerdo. 

El padre, de hecho, al exponer su versión de los hechos llega a afirmar incluso que las actas de las tutorías no se corresponden con lo que se habló realmente en esas reuniones mantenidas en el centro con los responsables educativos durante octubre y noviembre de 2019. 

Este isleño asegura que desconocía por completo la existencia de los dibujos que hacía su hijo, si bien explica que el niño desde hacia un tiempo se tocaba reiteradamente los genitales de manera compulsiva, una "manía" que se asociaba a su trastorno autista y de la que -insiste- había hablado con el centro y estaba siendo tratado con la especialista privada a la que lleva también al menor para ayudarle en su desarrollo. "Ni siquiera me enseñaron esos dibujos", afirma. 

Esta profesional que trata desde hace tiempo al niño -argumenta- le había explicado que se trataba de algo normal en un menor con TEA y, de hecho, se estaba trabajando en cómo corregir dicha conducta. Así se lo había explicado al colegio, que -lamenta- tampoco se puso en contacto con ella para abordar la cuestión. Incluso, dice, solicitó que el niño fuera valorado en la USMI (Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil). 

"El problema es que el protocolo se activa, se deriva el caso al equipo de intervención de Servicios Sociales y llega a la Fiscalía de Menores al considerarse que el menor está en riesgo sin que en ningún momento fuera valorado por un especialista en TEA", denuncia. 

Desde la Delegación Territorial de Educación se ha evitado entrar en detalles sobre lo ocurrido, si bien desde la Inspección aseguran que "en todo momento se ha actuado siguiendo el protocolo que existe ante la sospecha de que pudiera existir un caso de abusos sexuales y asegurando siempre la protección del menor". El centro, se explica, no hizo sino lo que era su obligación ante la existencia de indicios muy llamativos que difícilmente se podían pasar por alto.  

Por su parte, la dirección del colegio ha rehusado también ahondar el caso de este menor e insiste también en el mismo argumento: hay protocolos definidos para este tipo de situaciones para asegurar la protección de los menores, algo que el centro no puede eludir, y lo único que se hizo fue ponerlo en marcha.