En el análisis de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo Andaluz que hace en su informe de 2016 trata algunas llegadas desde Cádiz. Por ejemplo, la de un padre que lamenta la escasez de plazas residenciales para personas autistas, otras por "la insuficiencia horaria en la presencia de los profesionales técnicos de integración social en los centros educativos para la debida atención educativa del alumnado ha sido reconocida" o las numerosas -hasta 116- recibidas el año pasado por la presencia de amianto en los techos del colegio Reggio de Puerto Real, en el que hubo solución.

En total, más de la mitad de las denuncias llegadas en 2016 al Defensor del Pueblo Andaluz desde la provincia son relacionadas con las políticas sociales, y el 31% de ellas con la educación, señalan los datos aportados por la institución. El empleo, la vivienda, la salud y el funcionamientos de los servicios sociales centran las reclamaciones de los gaditanos. Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo, decía en la presentación del informe en Sevilla que estas denuncias son síntoma de la "brecha de la desigualdad", una "insoportable situación de desigualdad" -añadió- donde la mejoría de los datos macroeconómicos "no llega abajo".

La institución gestionó un total de 1.259 reclamaciones de los gaditanos

Por ejemplo, el año pasado tramitaron denuncias respecto al servicio complementario de comedor escolar que se presta en los centros específicos de educación especial. "Algunas asociaciones y familiares de alumnos escolarizados en los recursos ubicados en la provincia de Cádiz han denunciado la situación de discriminación en la que se encontraba al no disponer de ayudas públicas para sufragar este servicio", explica el informe. También, por "las demoras de más de un año, que se están produciendo en el reconocimiento" del salario social, "así como por los retrasos en el cobro mensual cuando ya están aprobados los expedientes". Aunque muchos temas tratados por esta institución se habla en general en Andalucía -Ley de Dependencia, listas de espera en la salud pública-, sí se especifica otras actuaciones iniciadas de forma concreta en Cádiz - algunas de oficio-, entre ellas porque algunas ofertas de empleo de ayuntamientos piden el empadronamiento en el municipio, la falta de aire acondicionada en la residencia de mayores de La Línea ahora cerrada, retrasos múltiples en los juzgados o por la muerte de una persona sin hogar en Cádiz. En otros ámbitos, hay muy dispares: se protesta por la falta de accesibilidad en la estación marítima de Algeciras, porque el Ayuntamiento de San Fernando no le ha concedido la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica prevista para personas con discapacidad o por la restauración del Castillo de Matrera, en Villamartín.

De las casi mil quejas recibidas y firmadas por 2.530 personas, más de la cuarta parte son de educación. Le siguen consumo, administración de justicia, menores, prisiones, salud, administraciones tributarias, servicios sociales y vivienda. En porcentajes, el 56% es de políticas sociales, 15% justicia, 12% políticas territoriales, 11% administraciones públicas, tributarias y 5% servicios de interés general y consumo. En 2016, el Defensor gestionó 1.259 denuncias de gaditanos. Son el 15% de las reclamaciones en Andalucía.