El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer un expediente de gasto de 42,91 millones de euros para abonarle a la empresa José Manuel Pascual la asistencia sanitaria, programada y urgente prestada en sus centros hospitalarios de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín.

Según la Junta, se trata del importe correspondiente al periodo entre el 1 de octubre de 2016 y el 7 de junio de 2017, período en el que Pascual mantuvo su actividad en los citados tres hospitales gaditanos aunque no existía ningún tipo de convenio o contrato entre el empresario gaditano y la Administración andaluza al "no haberse presentado la empresa a ninguno de los dos concursos públicos convocados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", según la tesis siempre mantenida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Los trabajadores de las clínicas de Pascual denuncian que la Junta "paga tarde y mal"

Desde Salud destacan que en el cálculo de la cuantía, avalada por el Consejo Consultivo, se ha tenido en cuenta la mensualidad del último concierto vigente previo a dicho periodo de facturación.

El pasado junio, el SAS y la empresa suscribieron el nuevo concierto, por cuatro años y 380,48 millones, para complementar la asistencia hospitalaria del sistema público en las tres poblaciones citadas, con atención sanitaria urgente y programada (hospitalización, intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas) para unos 260.000 usuarios.

El presidente del comité intercentros de los hospitales de Pascual, José María Manzano, prefirió no celebrar del todo la decisión de la Junta de pagarle a Pascual estos 42,91 millones de euros. "Pagan siempre tarde y mal", decía ayer Manzano, que quiso refrescarle a la Junta la promesa realizada por el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios sobre la firma de un convenio con los tres centros de Pascual que aún aguardan un concierto con la Junta que salvaguarde su permanencia y su futuro.

Según Manzano, el retraso de la Junta, "que se vanagloria de que paga a sus proveedores en tres meses, cuando con nosotros ha tardado seis" ha tenido paralizada la negociación del convenio colectivo en el seno de esta empresa andaluza hospitalaria.

A esto le suma el hecho de que sobre los hospitales de San Rafael, en Cádiz, de la Blanca Paloma, en Huelva, y el Hospital Doctor Pascual, en Málaga, se cierne el fantasma del cierre definitivo por falta de acuerdo con la Junta.

El contrato se formalizó en octubre pasado mediante procedimiento negociado, fórmula prevista en la legislación vigente cuando existe un único posible prestatario con la homologación necesaria. La firma estuvo precedida de numerosos paros, concentraciones y movilizaciones por parte de la totalidad de los trabajadores de la plantilla de Pascual.

La suscripción de conciertos es una de las fórmulas que prevé la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud de Andalucía para hacer posible la colaboración entre la Administración autonómica y la iniciativa privada en la prestación de asistencia complementaria a la de los centros públicos en zonas específicas.

Se realiza teniendo en cuenta las necesidades de atención en cada momento y según principios de complementariedad, coordinación y optimización de recursos.