La extensa instrucción del caso Bahía Competitiva, que investiga el supuesto fraude millonario en subvenciones públicas concedidas por el Ministerio de Industria (Reindus), entró ayer en su fase final con la declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz del empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, al que se considera principal cabecilla de esta trama, y Joaquín Arespacochaga quien, según la Policía, es pieza clave del trasfondo económico de este asunto.

Es la segunda vez que Dávila Ouviña testifica en sede judicial en Cádiz. En esta ocasión, ha sido el fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, el que ha requerido su comparecencia en el juzgado para ampliar y puntualizar algunas cuestiones de todo lo actuado hasta la fecha antes de poner fin a una investigación que -de momento- se ha prolongado durante más de cinco años, si bien atisba visos de concluir. Este empresario, detenido en la localidad coruñesa de A Pobra en noviembre de 2011, estuvo en prisión cinco meses por este caso. Quedó en libertad tras abonar los 100.000 euros de fianza que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz.

Ouviña y la familia Arespacochaga se acusan mutuamente de originar el fraudeEl gallego hizo, al parecer, facturas falsas para justificar una reparación en Delphi

Según fuentes consultadas, Dávila Ouviña explicó ayer que atesoraba de forma conjunta tanto el dinero público conseguido a través de las ayudas Reindus como el suyo propio. Todo estaba mezclado, insistió, y en esa hipotética fusión de sumas y montantes también había aportaciones propias. En definitiva, Ouviña manifestó que refundió todo el dinero de tal manera que no recordaba qué había hecho exactamente con las subvenciones que logró entre los años 2009 y 2010 y que ascendían a un total de 14,5 millones de euros.

En este sentido, el empresario fue cuestionado por los fondos de inversión donde pudo depositar importantes cuantías económicas. El gallego se mantuvo en la misma postura escurridiza y olvidadiza: no sabía sobre qué le estaban preguntando.

Lo único que quedó claro ayer es que Dávila Ouviña pagó casi seis millones de euros por los terrenos del polígono industrial La Palmosilla de Alcalá de los Gazules, más 400.000 euros en licencias para la construcción de naves abonados al Consistorio alcalaíno.

Lo cierto es que Ouviña no aterrizó en este municipio jandeño por casualidad. El principal investigado por el caso Bahía Competitiva compró en 2009 el proyecto Cádiz Solar Center a sus entonces dueños, de nacionalidad estadounidense, operación que realizó con cargo a una subvención previamente lograda de 7,5 millones. La intención primera de Ouviña fue la de dar forma a esta iniciativa en los terrenos de Delphi, en Puerto Real, pero en esos momento la antigua General Motor estaba en concurso de acreedores, por lo que trasladó su plan a Alcalá y adquirió los terrenos de La Palmosilla (que cuenta con 28,18 hectáreas).

Sea como fuere, el gallego debía justificar ante Industria el proyecto que en teoría estaba ejecutando con el dinero público recibido. Para ello, según las fuentes consultadas, Ouviña falseó supuestamente tres facturas por valor de 20 millones. En una de ellas esgrimió que ocho de estos millones se habían destinado a reparar la nave de Delphi.

Una de las acusaciones contra él expuestas ayer en sala fue que su objetivo con el polígono alcalaíno no era otro que especular y, supuestamente, seguir agrandando su imperio empresarial con nuevas subvenciones.

Por lo escuchado ayer en sede judicial, según ha podido saber este periódico, lo que fue una teórica relación comercial provechosa en sus inicios ha acabado en un enfrentamiento abierto entre Ouviña y los Arespacochaga: Joaquín, padre; y Juan, hijo. El padre aseguró ayer en su declaración que el empresario gallego siempre estuvo detrás de los movimientos bancarios relacionados con los negocios vinculados a Bahía Competitiva, negando lo dicho por Ouviña horas antes. Al parecer, la relación entre los tres se inicia a través de Juan Arespacochaga ya que, según dijo ayer, trabajaba para uno de los negocios del gallego. Cuando supo de la intención de Dávila Ouviña de invertir en Cádiz, pidió a su padre, Joaquín Arespacochaga, que moviese sus contactos internacionales a través de sus oficinas en Luxemburgo y Suiza para atraer inversores a la provincia. El asesor fiscal aseguró ayer que nunca estuvo, ni él ni sus empresas luxemburguesas, detrás de las subvenciones y que, incluso, como después ratificó su hijo Juan, alertaron al Ministerio de Industria cuando se dieron cuenta de las supuestas irregularidades en las cuentas del gallego.

Es más, Joaquín Arespacochaga aseveró que, en la búsqueda de esos inversores fuera de España, llegó a conseguir unos 40 contactos dispuestos a traer a Cádiz más de 43 millones de euros. Ambos, padre e hijo, coincidieron en su declaración al decir que Dávila Ouviña los contrató para conseguir esa inversión foránea teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía requería un 30% de dinero privado para los proyectos que se pensaban ejecutar.

También pasó ayer por sede judicial Juan Díaz Herrera, el notario que supuestamente estampó su firma en la documentación que vinculaba el entramado empresarial que une a Ouviña y Arespacochaga.