La piscifactoría ubicada en terrenos de la antigua salina La Leocadia, en San Fernando, amaneció ayer con otros tres mil cadáveres de doradas. El día anterior fueron unos 12.000 peces los que sucumbieron ante la falta de comida y de oxígeno en unas instalaciones que carecen de medios suficientes como para poder atender correctamente la granja acuícola. Agentes del Seprona y técnicos de Inspección Pesquera y de Inspección Veterinaria (Bienestar Animal) acudieron ayer de nuevo a la piscifactoría y levantaron acta de lo que está ocurriendo.

La empresa que gestiona la piscifactoría, cercana a la playa de Camposoto, anunció ayer que hoy llegará un camión cisterna con oxígeno, que será inyectado a presión en las balsas. Es una de las medidas que deben ser adoptadas para evitar que sigan muriendo los peces en unas instalaciones que albergan cerca de 100.000 ejemplares, según una estimación proporcionada por Carlos Peci, ex jefe de planta de la piscifactoría.

La empresa que gestiona la granja en La Leocadia anuncia que hoy inyectará oxígeno

Peci alertó a finales de junio de que la situación de abandono que sufre la granja (únicamente dos empleados, muy poco pienso, sin energía eléctrica, sin oxígeno...) provocaría la muerte de los peces en cuanto subiese la temperatura. Pese a que la Junta de Andalucía intervino entonces (tras publicar un reportaje este periódico), envió a inspectores que comprobaron que era cierto lo denunciado, emplazó a la empresa a tomar medidas para que eso no sucediese y anunció que estaría vigilante, las doradas comenzaron a morir de manera masiva la madrugada de anteayer.

Ayer, tras publicar este periódico que habían muerto unos 12.000 peces en La Leocadia, la Junta de Andalucía afirmó que permanece vigilando desde el principio y que ha actuado con la máxima diligencia y rapidez, de oficio. También que no supo oficialmente de la visita realizada anteayer por los agentes del Seprona pero que tras tener conocimiento por otras vías del episodio de mortandad, ayer instó a la empresa retirar los peces muertos y a seguir todos los protocolos previstos para estas incidencias.

La Junta insistió en que lleva meses actuando en este asunto, recordó que Bienestar Animal ya ha abierto anteriormente expedientes sancionadores a la empresa que gestiona la piscifactoría y advirtió de que seguirán abriendo los que procedan. Agregó que a finales del pasado junio emplazó a la empresa para que atendiese correctamente a los peces y que desde entonces ha constatado que lo estaba cumpliendo. Periódicamente, explicó, estas últimas semanas los inspectores han visitado la piscifactoría (se han turnado los de Inspección Pesquera e Inspección Veterinaria) para vigilar el estado de la instalación. La Junta indicó también que estudiará el procedimiento administrativo más adecuado para que no se vuelva a repetir un incidente como el de anteayer.

Carlos Peci dijo ayer, no obstante, que los inspectores de la Junta de Andalucía estuvieron en la piscifactoría el pasado 12 de julio y que no volvieron a pasar por allí hasta ayer, una vez que supieron que habían muerto miles de peces. Peci explicó que los inspectores constataron aquel día que las doradas estaban hambrientas, que el pienso no llegaba a todas porque recibían poco. Por esa razón, afirmó, porque los peces están mal alimentados y débiles, no han podido soportar muchos una bajada de oxígeno como la que se produjo la madrugada del martes.

En la piscifactoría, de la empresa Cultivos Marinos Integrales, sólo quedan dos trabajadores de los once que había a principios de 2014, cuando arrancó la actividad con una inversión que pretendía cultivar 200 toneladas de dorada. En las instalaciones no hay energía eléctrica desde el año pasado y no hacen su trabajo las dos bombas que deberían dar oxígeno suficiente a los peces.

El dinero para mantener la piscifactoría funcionando de manera correcta comenzó faltar a mitad de cultivo. En octubre de 2015, la empresa prometió a los trabajadores que solucionaría los problemas. Pero no fue así, nada mejoró en La Leocadia. Los trabajadores acabaron por acudir a la vía judicial a reclamar los salarios que les adeudaban.