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Provincia de Cádiz

Ecologistas pide a Costas que retire la concesión de La Leocadia tras morir miles de doradas

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta de Andalucía y a la Demarcación de Costas que retire la concesión administrativa que permite explotar a la empresa Cultivos Marinos Integrales la salina de San Fernando en la que han muerto miles de doradas.

En un comunicado, la asociación ha denunciado "la pasividad de las administraciones públicas ante el desastre ecológico anunciado que está teniendo lugar en la piscifactoría La Leocadia, ubicada en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz".

"No se entiende que teniendo perfecto conocimiento desde hace meses del estado de abandono de esta piscifactoría ni la Demarcación de Costas, que otorga la concesión de los terrenos de dominio público, ni la Junta de Andalucía, que otorga las autorizaciones para la explotación acuícola, hayan hecho nada", ha lamentado el colectivo.

Ecologistas en Acción explica que tanto la Ley de Costas como el Decreto de la Junta que regula la piscicultura otorgan facultades a las administraciones para anular las concesiones o autorizaciones cuando se incumplan de forma grave, como es el caso, las condiciones de las mismas. La asociación cree que la Demarcación de Costas debería haber tramitado ya, y de forma urgente, la caducidad de la concesión que otorgó a Cultivos Marinos Integrales, cuyo actual titular es la empresa Proyet XXI Century, propietaria del ciudadano ruso Alexander Nazarov, "por grave y reiterado incumplimiento de las condiciones de dicha concesión".

También considera que la Consejería de Agricultura y Pesca debería haber aplicado "de forma fulminante" el artículo 24 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina y que obliga a la última persona titular a reponer cualquier alteración que su actividad ocasione al medio y a restaurar la zona a su estado natural.

Ecologistas en Acción dice que le sorprende la "pasividad" mostrada por la consejería, que gestiona el parque natural, y por la Junta Rectora de este espacio protegido. "El escándalo de esta situación es mayor aún", señala, "si se tiene en cuenta que esta empresa ha recibido sustanciosas subvenciones, que superan el millón de euros, de las administraciones públicas".

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