AL menos, eso decía Cela y parece ser verdad. Este curso escolar ha sido testigo de la extensión del más importante movimiento de objeción de conciencia que nunca se haya producido en España y quizá en toda Europa. A fecha de hoy, suma más de treinta mil adheridos -más de 1.300 en la provincia de Cádiz-, ha alcanzado el necesario respaldo judicial y ha logrado el apoyo de una amplia fracción de la opinión pública y de los medios de comunicación. Pero lo más llamativo es que los protagonistas de este movimiento son padres de familia, en general poco proclives a enfrentarse a la autoridad, máxime estando sus propios hijos de por medio. Naturalmente, estamos hablando de la resistencia familiar a la imposición de Educación para la Ciudadanía, la asignatura estrella de la zapaterista Ley de Ordenación de la Enseñanza (LOE), ideada para formar a los niños y adolescentes en la ideología dominante.

La imposición de EpC y la negativa gubernamental a cualquier diálogo o consenso sobre sus contenidos supone el aplastamiento del derecho de los padres reconocido en la Constitución y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esa evidencia es lo que ha hecho de la objeción de conciencia la única salida. Una respuesta que implica una gran responsabilidad para los padres y no deja de ofrecer riesgos para quienes la adoptan, entre otros los derivados de la actitud de profesores, directores y centros de enseñanza contrarios a ella, muchos de ellos religiosos, que no han dudado en disuadir o presionar académica y psicológicamente a niños y padres. Lo cierto es que un movimiento de esta extensión, nacido en medio de tantos sacrificios e incomprensión, no hubiera sido posible hace sólo unos años y, por tanto, debe valorarse en el conjunto de la progresiva toma de conciencia de sectores importantes de la sociedad española. Unas mayorías naturales que no están dispuestas a dejarse arrastrar por la ideología laicista y relativista que, ley en mano o a golpe de hechos consumados, se pretende imponer a todos desde el radicalismo instalado en el Gobierno y en los círculos que determinan los patrones culturales vigentes.

Las sentencias del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía sobre EpC, respaldando el derecho de objeción de conciencia, están proporcionando un fuerte impulso al movimiento de resistencia familiar. Y ello no sólo por la afluencia de nuevas adhesiones en toda España, también porque, desde el punto de vista moral, representan una victoria frente a quienes han preferido poner a resguardo sus intereses y evitarse una dura e incómoda batalla contra un Gobierno al que se teme. Tras las sentencias andaluzas, cabe preguntarse qué pasaría ahora si sobre la mesa hubiera no treinta mil sino un millón de objeciones. No crean quienes lo han impedido que ZP se lo va a agradecer.