LA Ley de Educación de Andalucía consagra en su artículo tercero, que el sistema educativo público está compuesto por centros públicos y centros concertados. Sin embargo cíclicamente se desata un agrio debate educativo entre pública y concertada en el que sistemáticamente se denigra a padres, profesores y alumnos de los centros de Concierto.

Entendiendo que para reafirmar y consolidar cuanto mucho de bueno contiene nuestro sistema educativo es necesario rectificar sus insuficiencias, corregir sus errores y dar a conocer la realidad del sistema educativo público al que pertenecemos, con mayor rigor que repitiendo, una y otra vez, una constante letanía de prejuicios y tópicos.

Muchos ciudadanos, por lo general, desconocen:

·Que el profesorado de los centros concertados recibe la totalidad de su salario directamente por transferencia de la Consejería de Educación y que, cuando se ve obligado a reclamar cantidades impagadas, debe demandar ante los Juzgados de lo Social, a su centro como contratante y la Administración como pagador.

·Que la selección del profesorado viene marcada por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (art.60) que determina que las vacantes han de hacerse públicas, y proveerse conforme a los criterios de selección establecidos por el consejo escolar (órgano de participación y democratización de los centros) atendiendo a los principios de mérito y capacidad, y establece que será la Administración Educativa la encargada de verificar los procedimientos de selección y despido del profesorado.

· Que el sistema de admisión de alumnos es exactamente el mismo en centros públicos y concertados y está regulado por la misma normativa, sistemáticamente burlada por la picaresca de muchos padres que solicitan plaza en centros muy demandados, sean éstos públicos o privados. Sólo la Administración Educativa, y no los centros, es la que puede cuestionar la autenticidad de los datos que los interesados aporten en el proceso de admisión del alumnado. Esta normativa se encuentra muy condicionada por la situación de los centros, y en este sentido recordar que también son concertados centros de nuestra ciudad enclavados en barrios que difícilmente pueden ser tildados de elitistas, como el Rebaño de María en Trille, la Mirandilla en Santa María, Nuestra Señora de Lourdes en Puntales, La Palma en La Viña, o la SAFA y AFANAS en la barriada.

· Que trabajamos con unas plantillas menores y con mayores ratios de alumnos/unidad que el resto del sistema público y que, pese al mandato de la LODE de remunerar al profesorado concertado de manera análoga al profesorado estatal, las diferencias salariales crecen al excluirnos de conceptos como los "sexenios" (que estimulan la formación permanente) y de los nuevos "incentivos" (que recompensan el esfuerzo en la mejora de resultados). Para la Administración queda claro que la labor altruista y vocacional del profesorado concertado no requiere de estímulos, ni incentivos. Hasta el punto extremo que un profesor de Secundaria percibe con 30 años de trabajo por las mismas horas lectivas un 65% de las retribuciones de un funcionario docente, 15.400 euros menos.

Los profesionales de la enseñanza concertada cansados de esta eterna polémica, en la que nos sentimos menospreciados, reclamamos consideración y respeto al trabajo que desarrollamos y el reconocimiento social de la sociedad a la que servimos.

Vaya por delante nuestro respeto y consideración hacia el trabajo que desempeñan los compañeros funcionarios docentes, y nuestra solidaridad hacia las condiciones laborales que sufren por un sistema que les obliga en muchos casos a enormes desplazamientos, a residir lejos de sus familias esperando eternamente un traslado que les acerque a su lugar de origen o padecen la precariedad de las interinidades.

Los trabajadores de la enseñanza concertada creemos en la posibilidad de coexistencia de las redes pública y concertada, sin pretender que una sea subsidiaria de la otra o viceversa, sino complementándose dentro del sistema educativo público, de conformidad con una planificación racional en la asignación de recursos tendente a compensar desigualdades y en la distribución más equitativa del alumnado.

Somos, por tanto, los que más fervientemente anhelamos un Pacto de Estado por la Educación que logre un consenso social definitivo, que garantice igual calidad educativa para todos, evitando así que la educación sea un mecanismo reproductor de las desigualdades de origen.

FIRMADO: Carlos Pérez-Gieb Torcida, Juan José García Yagüe, Mª Carmen Quirós Romero, Ana Mª Ramos Martín, Luis Merino Rey, Pilar Suárez Romero, Rosalía Chamorro Barranco, Fco. Jesús Iglesias Salinas, Fco. Gutiérrez Rodríguez, Rafael Marín Trechera, Pedro Díaz León y Jesús Matos Delgado, todos ellos representantes de UGT; Dolores García Martínez, de CGT; Luis Moreno Salazar, de CCOO; y Mª Inmaculada Rodríguez Nieto, de FSIE.