Nada es eterno, y las Constituciones menos. Los países cambian, y las Constituciones tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso es sorprendente que el partido que más reticencias puso para aprobar nuestra actual Carta Magna, y que más la incumple, se enroque aduciendo que no hace falta cambio alguno.

La Constitución de nuestro país es fruto de su tiempo, de la transición de una dictadura a una democracia, e internalizó las luces y sombras de aquellos convulsos e ilusionantes momentos. Los que más se oponen a su reforma, son los que menos o nada hicieron para acabar con la dictadura y conquistar la libertad.

Además, ese mantra tan repetido de que esta es la Constitución que votaron los españoles choca con una realidad evidente; por razones biológicas la mayoría de los españoles no han votado esta Constitución. Sólo los que tenemos más de 57 años la pudimos votar en 1978. El actual censo electoral lo componemos 36,5 millones de ciudadanos, de los que 12,8 millones tienen en la actualidad más de 57 años. Es decir, el 65% de los españoles y españolas con derecho a voto no pudo votar esta Constitución. ¿Nunca se les va a pedir su opinión sobre cómo quieren que sea España?

En muchos aspectos la Constitución ha quedado obsoleta, porque España y la sociedad española han cambiado mucho en estas cuatro décadas. Por eso urge un nuevo proceso constituyente que la actualice. La Constitución distingue entre derechos fundamentales, los políticos, y otros derechos no exigibles ni ante las administraciones ni ante los tribunales. Así, el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la educación, a la salud, a la dependencia… han quedado en papel mojado. Cuando han llegado tiempos difíciles, se recortan estos derechos sin tapujos dejando a la población desprotegida. El estado social y de derecho ha quedado en una entelequia.

La nueva Constitución debe blindar todos estos derechos sociales como fundamentales. También debe garantizar la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, el acceso a un mínimo vital de agua y de energía, o el derecho a una renta mínima. O sea, la Constitución debe garantizar nuestros derechos políticos pero también el Estado del bienestar; que nunca más un español se encuentre en la pobreza. Ese es el reto.