El Gobierno niega que ampare la tortura a presos etarras

  • El consejero vasco de Interior considera que la resolución del Parlamento vasco "merece todo el respeto".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró tajante con la resolución aprobada ayer por el Parlamento Vasco en la que acusa al Ejecutivo de amparar torturas a etarras detenidos. Indicó que el texto dice "cosas inciertas" y "muy graves" ya que el Gobierno "no ampara nada, y mucho menos las torturas". El secretario general del PSE-EE, Patxi López, calificó la resolución como "un ejercicio de irresponsabilidad enorme" mientras que el consejero de Interior vasco, Javier Balza, consideró que "merece todo el respeto" al haber sido aprobado por la "mayoría" de la Cámara Vasca.

El Parlamento vasco aprobó ayer, con los votos a favor de todos los grupos de la cámara salvo PP y PSE, un texto en el que acusa al Gobierno central de "amparar" a los ocho agentes de la guardia civil señalados por torturar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, presuntos autores del atentado de la T-4, detenidos en enero en Mondragón. 

Uno de los principales puntos que quiso dejar claros Rubalcaba en su valoración de esta resolución, tras la presentación de las nuevas patrulleras del servicio marítimo de la Guardia Civil en Cádiz, es que siempre estas denuncias han de ser acogidas con cautela, aunque también siempre tomadas en consideración. "Todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos", indicó el responsable de la cartera de Interior. A pesar de ello, aseguró que "se investigan todas". 

En este sentido, recalcó que las denuncias a las que se refería ayer la Cámara vasca "están investigándose en este momento en sede judicial". Asimismo, el ministro reiteró que "los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y que el Estado de derecho actúe en este caso son la Guardia Civil y el Gobierno" ya que "la realidad" es que "aquí no se ampara nada y mucho menos las torturas".

Las críticas desde el Gobierno central pasaron desapercibidas para el consejero vasco de Interior, Javier Balza, quien se limitó a reiterar la legitimidad de la resolución aprobada por el Parlamento Vasco. En la presentación de la iniciativa del PNV 'Euskadi 2020' en el BEC de Barakaldo, Balza insistió en que se trata de un texto "que merece todo el respeto, en el sentido de que está aprobado en la Cámara vasca por la mayoría de este Parlamento y, por lo tanto, es la expresión de lo que piensa la mayoría de esta sociedad".

“Dando la espalda al Estado de Derecho”

Sin embargo, para el secretario general del PSE-EE, Patxi López, la aprobación de esta resolución, más que un ejercicio de la democracia es un ejercicio de irresponsabilidad hacia el Estado de Derecho. López criticó "la imagen que dieron ayer algunos partidos" cuando, "olvidando lo que acababa de pasar, dando la espalda a un Estado de Derecho como el nuestro, asumieron el manual del terrorista detenido, asumieron sus argumentos y tuvieron la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas". El dirigente socialista remarcó que su formación ofrece "unidad entre los demócratas para combatir a ETA y a los que todavía apoyan y jalean sus acciones criminales".

Sin embargo, sus declaraciones levantaron nuevas ampollas, lejos de favorecer la unidad entre las formaciones. El portavoz parlamentario de Ezker Batua Berdeak Antton Karrera le respondió directamente, reclamando soluciones ante la presunta tortura a presos etarras. "En vez de acusar al Legislativo autonómico y al tripartito de utilizar el manual del terrorista, pida (dirigiéndose a Patxi López) al Gobierno del Estado que asuma compromisos efectivos contra la tortura, en coherencia con los planteamientos de Amnistía Internacional y organizaciones en defensa de los derechos humanos".

Asimismo, Karrera solicitó al PSE-EE que reconozca la "legitimidad" de la Cámara vasca para denunciar "la práctica de la tortura como una violación de derechos fundamentales" y señaló que sentencias judiciales "confirman la existencia de malos tratos en comisarías, ratificadas también por Amnistía Internacional".

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