El Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812 está realmente preocupado por los tiempos, aunque la máxima confesión que llegan a hacer sus responsables es prudente: "Vamos a lo justo". El organismo creado para la efeméride no quiere esperar a que los exigentes plazos legales pongan en peligro el buen desarrollo y la finalización de las obras para restaurar y poner en uso el castillo de San Sebastián, el edificio que será el emblema de la celebración. Por eso va a utilizar los recursos que la ley le permite y encargará los trabajos directamente a la empresa pública Tragsa, sin esperar a que esté definido el uso de la fortaleza. Tragsa es una compañía antaño vinculada al Ministerio de Agricultura y ahora dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata de un equivalente a la empresa pública andaluza Egmasa.

Esa es la idea que a propuesta de la directora gerente del Consorcio, María Luisa García Juárez, va a debatirse en la próxima reunión de la junta de gobierno, que se tenía que haber celebrado en Cádiz en el pasado enero y que ahora parece que va a ser a mediados del mes que viene. La probable aprobación de este sistema impulsará un proceso que debería culminar a principios del año que viene con el inicio de las obras en el castillo.

El Consorcio encargará a Tragsa la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos, cuya estimación de coste está en torno a los treinta millones de euros: "entre veinticuatro y treinta y tantos", según palabras de García Juárez. La gerente confirmó que las reuniones con los técnicos de Tragsa se están haciendo desde el mes de enero de este año, y que las ideas están bastante claras.

Para García Juárez, el "retraso" que lleva la decisiva reunión de la junta de gobierno del Consorcio obliga a tomar "vías más rápidas" que los largos y estrictos plazos que marca la ley de contratos públicos. Esta misma ley, en una disposición adicional, considera a Tragsa y sus filiales como "medios propios instrumentales y servicios técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas". Por ello, el Consorcio ha propuesto a Madrid poder disponer de estos medios propios para las obras en San Sebastián.

Posteriormente, con menos premura de calendario, se convocará "el concurso de ideas para decidir el contenido, pero esta vía nos permite actuar ya en el continente". Con la idea motriz de ir ganando tiempo, mientras se redacta y se aprueban los contenidos definitivos de uso del castillo, Pragsa redactará inmediatamente el proyecto de restauración, y una vez aprobado se podría iniciar la obra, que consistirá básicamente en la consolidación y adecuación de sus muros exteriores y de sus bóvedas interiores, así como la adecuación de los accesos, lo que incluye el embarcadero.

El Consorcio maneja la fecha de principios del año que viene para el inicio de estos trabajos, que pretenden dejar el recinto listo para "dar cabida a cualquier uso posterior que se decida". "Esto último ya no me preocupa tanto -manifestó a este periódico María Luisa-, porque no requiere ninguna edificación; incluso para ese símbolo permanente que se quiere instalar allí no hace falta una gran infraestructura, ya se decida hacer el Faro de las Libertades o una escultura conmemorativa o un espacio temático".

Para la gerente, "lo importante es conseguir que en Cádiz quede algo más que el castillo arreglado, para después de 2012. Lo que se haga allí debe ser algo que la gente que venga a Cádiz no pueda dejar de visitar, algo único". García Juárez defiende la idea del nuevo faro de las libertades, en contra del actual, al que denomina el "faro del miedo", ya que se hizo desmontable para no facilitar con su ubicación el bombardeo de flotas enemigas. De todas formas, este proyecto es sólo una idea, aunque potente, entre otras muchas que se barajarán cuando se vea y decida el futuro uso del castillo.

Defiende la gerente que ese uso "requiere de muchas consultas para dar con el adecuado". Para ella, el planteamiento con el que se debe afrontar es "el mismo con el que se afrontaría un negocio privado, es decir, que debe ser algo muy atractivo".

El castillo de San Sebastián lleva años cerrado y sin ningún tipo de utilización, desde que Defensa lo dejó. Actualmente, la titularidad está en manos del Ministerio de Medio Ambiente a través de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico. No obstante, el Ayuntamiento de Cádiz tiene cedido el uso temporal del recinto, y está pendiente el momento en que Medio Ambiente decida ceder el edificio al Consorcio.

De momento, el Ayuntamiento ha programado para este verano una serie de tres conciertos en el castillo, con las actuaciones de Dulce Pontes y Estrella Morente en el primero, Caetano Veloso en el segundo y el grupo Chambao en el último. En pocas fechas se convocará la Junta Local de Seguridad a este efecto.