La crisis económica que se ha convertido en permanente desde 2008 ha trastocado la organización de la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía.

La brecha de la desigualdad no solo no se ha estrechado sino que se ha ampliando, sumiendo a miles de familias en una situación de pobreza generalizada de complicada salida.

A todo ello, se le une la propia evolución social, donde el mundo digital marca los pasos del día a día, a la vez que condiciona las relaciones personales y provoca que problemas de comportamiento que se concentraban en edades adultas ahora afecten, con especial dureza, a jóvenes y niños.

"Estamos inmersos en una cambio de estrategia porque en la cola de la desigualdad se está quedando cada vez más gente. Los asuntos sobre los que debemos tratar han cambiado, mientras que se han agudizado los antiguos. Desde la defensoría no nos podemos quedar atrás por lo que elaboramos unas prioridades", en las que ahora se incluyen la infancia, la salud mental, la brecha digital y el control de las actuaciones privadas en temas como la sanidad o la educación, que hasta ahora se limitaban a lo público, indica el Defensor.

Jesús Maeztu, que afronta los dos últimos años de su segundo mandato con la intención de no repetir un tercero, se muestra especialmente preocupado con todo lo relacionado con la infancia, y cómo los problemas de este colectivo, que en Andalucía incluye a 1.500.000 personas, han explotado tras la pandemia.

Asumiendo que la nueva legislación le permite actuar ya en instituciones privadas, lo que le facilita su trabajo de control y de respuesta a las demandas que se recibe en su oficina, Maeztu tiene claro que hay que adoptar medidas urgentes y contundentes "porque ahora en la infancia se están dando fenómenos que antes se daban en los mayores de cuarenta años. El acceso a la pornografía y a distintas formas de relaciones sexuales desde corta edad provocan incluso demandas por casos de abusos en el propio ámbito familiar".

"La Covid ha provocado en muchos menores que sus sentimientos hayan quedado en su interior; sus miedos no han salido a la luz. Los conflictos familiares tampoco reflejan en estos chicos. Además, en los colegios hay una mayor presión por los estudios, especialmente cuando los padres no colaboran agobiados por su propia situación económica. Y a todo ello le unimos el acoso escolar y el uso nocivo de las redes sociales", denuncia el Defensor del Pueblo, que alerta sobre el abuso de internet. "Algunos menores nos llegan a decir que quieren ser invisibles como una forma de que dejen de controlarles desde las redes".

"Llega un momento en el que los datos que manejamos asustan muchísimo: el abandono escolar temprano está por encima de la media nacional, así como las notificaciones de maltrato o los niveles de pobreza. Ante esto, queda claro que debemos tener unos planteamientos distintos y contar con el trabajo de otras administraciones", indica Maeztu que ya ha contacto con la Junta "para ver cómo se puede actuar ante estas señales de alarma".

Aquí menciona también la salud mental, sobre la que la oficina del Defensor está trabajando de forma muy intensa, especialmente por su incidencia entre los más jóvenes .

"Estamos viendo como (tras la reducción de la inversión en la sanidad pública desde hace años y cómo está tuvo que concentrar sus esfuerzos en la lucha contra la pandemia) faltan pediatras, psicólogos, psiquiatras y como las familias no pueden pagar 60 euros de terapia semanal".

Aquí se mete Maeztu en otros de sus objetivos: el gasto público en sanidad y educación privada, considerando que antes de derivar a centros concertados, los públicos deberían de tener todo los equipamientos necesarios para su mejor funcionamiento. Ahora se va a trabajar en la organización de las residencia para mayores de gestión privada, "con un coste para muchos inasumible".

En materia educativa se está ultimando un ambicioso trabajo en las zonas rurales de toda la región, y especialmente en los pueblos donde se ha perdido mucha población y un profesor debe asumir el control de varias aulas.

A toda esta evolución, en negativo, de la sociedad, el Defensor del Pueblo destaca también la brecha digital, que se une a la social, laboral, cultural y educativa.

"La brecha digital también está aumentando la desigualdad, con muchos analfabetos digitales y personas que no pueden o no saben acceder a administraciones donde ya no hay atención presencial", advierte Maeztu.

El 94% de los casos que la oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía plantea ante las instituciones, procedente de quejas ciudadanas, recibe la respuesta de los implicados. El 66% son cuestiones relacionadas con la Junta, además de la notable presencia de los ayuntamientos.

Ante ello, Jesús Maeztu advierte de la "desafección de la gente con la política actual. La falta de conexión con los problemas de la calle es más que evidente y muy preocupante. Los asuntos que tratan no son los que preocupa a la ciudadanía”, reclamando mayor capacidad de diálogo y acuerdo entre las formaciones políticas, y más en situaciones de gobierno con mayoría absoluta, como en Andalucía.