A veces los periódicos y las televisiones se convierten en el último recurso ante las demoras desesperantes de la administración, incluso ante los casos de urgencia más evidentes. Sobre todo cuando lo que se está pidiendo es un simple certificado que puede mejorar en algo la vida de quien lo necesita ahora, antes de que sea demasiado tarde. Rosario, Charo Muñoz, de 61 años, confiesa estar desesperada y por eso llama a este periódico y está dispuesta a llamar a aquella televisión. De la situación en la que se encuentra su marido, Ángel Rivera, de 66 años, hablan mejor las imágenes de esta información que cualquier parte médico. Conste que las había mucho más duras. Resulta más que obvio que Ángel, después de once operaciones, la primera cardíaca, a tórax abierto, y la última, la amputación de la pierna izquierda, con varias flebitis, graves infecciones hospitalarias y fractura del esternón de por medio y después de varios meses en la UCI, padece de una situación de movilidad reducida. Así se le llama en el eufemístico argot administrativo a literalmente no poder levantarse de la cama.

Pues bien, según relata Charo Muñoz, en febrero del año pasado solicitó una valoración de la discapacidad de su marido. Ahora lo que le urge no es tramitar una pensión -explica- sino que le den un certificado que le permita comprar una furgoneta con el descuento aplicable en el iva a las personas con movilidad reducida: un 4% frente al 21% de aplicación general, o sea, unos 4.000 euros de diferencia. A fecha de hoy, seis meses después, en el Centro de Orientación y Valoración de Personas con Discapacidad le dicen que la suya está en lista de espera y que, como muy pronto, será en enero o febrero del año que viene.

En Cádiz se están demorando más de ocho meses, según atención al ciudadano

"Yo no estoy pidiendo dinero, sino simplemente un papel que me permita afrontar el gasto que tengo que hacer precisamente para poder trasladar a mi marido, para mejorar su calidad de vida. Porque igual, cuando valoren su discapacidad ya no está conmigo", lamenta Charo Muñoz.

El caso de Ángel no es el único en Cádiz, según se deduce de las explicaciones que nos dan en el teléfono gratuito de atención a la ciudadanía de los Centros de Valoración y Orientación de personas con Discapacidad de Andalucía, dependientes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Desde que se entrega la solicitud de reconocimiento de discapacidad, el plazo máximo para ser citado y valorado es de seis meses, nos dicen. De esa valoración resultará una resolución de reconocimiento de una discapacidad con movilidad reducida o no. Y sólo si la hubiese se tendría derecho a la bonificación que está solicitando Charo Muñoz para su marido, entre otras. El problema son las listas de espera, que hacen que ese plazo sobrepase los seis meses y que incluso alcance los ocho. Y no hay prioridades en función de la gravedad de la situación. De cumplirse lo que le anunciana Charo, la valoración de Ángel Rivera se demorará entre once meses y un año.

Preguntamos si en el caso de movilidad, no ya reducida sino imposible, la valoración puede ser domiciliaria. Nos responden que sí, que basta con que el médico de cabecera cumplimente el modelo P-10 y un facultativo se desplazará hasta la residencia del solicitante, un procedimiento que se sigue en casos de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, o en el de quienes efectivamente no pueden moverse. Como Ángel. No resulta congruente que la valoración de una movilidad reducida se demore tanto cuando ya el médico de cabecera la está apuntando precisamente cuando pide que el reconocimiento sea domiciliario. Charo asegura que ha cumplido con el trámite y que ni siquiera los médicos que atienden a su marido se explican tan incomprensible demora.