El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dictaminado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Cádiz, José María González; el exconcejal de Medio Ambiente y expresidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza; y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de la capital gaditana, José Vicente Barcia; por la querella por injurias y calumnias interpuesta por el anterior equipo de Gobierno del PP por las manifestaciones vertidas contra su gestión de la crisis del agua de Loreto.

Las declaraciones del primer edil gaditano el pasado 7 de marzo en la presentación pública en rueda de prensa y en una asamblea de los resultados del estudio realizado por los actuales gestores de Aguas de Cádiz siguen retumbando en el salón de actos del edificio Ma'arifa. Tanto que la acusación de permitir "a sabiendas" el suministro de agua contaminada por bacterias coliformes y E.coli y las manifestaciones que se realizaron tras conocerse las conclusiones de la investigación para intentar esclarecer los hechos anteriores al corte del agua y los motivos que llevaron al cierre de este suministro en esta zona de extramuros en octubre de 2014 han acabado con el procesamiento de González Santos, González Bauza y Barcia, por lo que los tres se sentarán en el banquillo.

En esta ocasión, la jueza ha considerado oportuno tirar hacia delante con la causa a pesar de que la Fiscalía había solicitado la libre absolución de los acusados, algo que también realizó en una primera instancia, lo que motivó, junto a un recurso realizado por la defensa, el archivo provisional de la causa. Pero esta vez, la magistrada ha desoído la petición del Ministerio Público y ha enviado la causa por delitos contra el honor a los Juzgados de los Penal, que serán los encargados de enjuiciar este asunto a partir de las acusaciones particulares de los querellantes.

Por un lado, la representación de la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; el exconcejal de Urbanismo y expresidente de Aguas de Cádiz; Ignacio Romaní; y el resto de los miembros del anterior equipo de Gobierno del PP ha solicitado para González Santos, González Bauza y Barcia una pena de 24 meses de multa a razón de una cuota de 20 euros diarios por un delito continuado de calumnias con publicidad y una pena de 14 meses de multa a razón de 20 euros diarios por un delito continuado de injurias con publicidad. Asimismo, también pide la publicación de la sentencia en los periódicos de Cádiz ocupando el mismo espacio que las informaciones que dieron pie a la querella. Por último, se reclama en concepto de responsabilidad civil que se indemnice a los denunciantes con 30.000 euros, de los que los acusados tendrán que responder solidariamente, además del pago de las costas.

A esta acusación particular se suma la de José Blas Fernández, que también figura como denunciante. Su representación legal ha solicitado las mismas penas por un delito continuado de calumnias con publicidad y otro continuado de injurias con publicidad, así como la publicación de la sentencia en la prensa escrita. La única diferencia es la petición de una indemnización de 600 euros en favor de Fernández, solicitando también el pago de las costas.

Por su parte, la Fiscalía, aunque solicita la libre absolución de los tres acusados por el caso Loreto, se reserva las acciones civiles que se pudieran corresponder por la cuestión que se va a enjuiciar.

De esta manera, se cierran las diligencias previas de este caso y sólo queda por saber cuándo será el juicio, en el que la habitual disputa entre el equipo de Gobierno y la oposición se trasladará a sede judicial para determinar si todas las afirmaciones realizadas en torno a los resultados del estudio realizado por Aguas de Cádiz se consideran como crítica política o tuvieron el objetivo de menoscabar el honor de las personas que tuvieron que gestionar esta crisis.

Cabe recordar que el pasado 14 de septiembre el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ordenó en un auto el archivo provisional de este procedimiento justo antes de que empezaran a declarar ante la magistrada los ediles del anterior equipo de Gobierno del PP. En aquel momento, el auto recogía, siguiendo las tesis de la Fiscalía, que "no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar", además de argumentar que la intención de los querellados "no era gratuitamente difamar". Por todo ello, en ese momento la jueza consideró que no se lesionó el honor al enmarcar las manifestaciones "dentro del contexto de libertad de expresión y exigencia de la crítica política mayor o menor afortunada".

Tras un recurso presentado por el anterior equipo de Gobierno municipal, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó que se reabrieran las diligencias a principios de este año, ya que en ese instante no se había tomado declaración a ninguno de los actores de este caso. Por ello, uno a uno fueron pasando por sede judicial todos los ediles del anterior equipo de Gobierno, González Santos, González Bauza, Barcia y varios testigos que presenciaron las diferentes manifestaciones de los acusados. Un desfile que se volverá a repetir el día que se celebre el juicio.

Paralelamente a esta causa, la Fiscalía Provincial ya dictaminó en diciembre del año pasado el cierre de las diligencias informativas abiertas tras la entrega al Ministerio Público de la investigación realizada por la actual gerencia de Aguas de Cádiz sobre el corte del agua en Loreto.