La cara positiva era clara: personas o familias que no tenían recursos para adquirir una vivienda podían acceder a un alquiler durante una década para en ese intervalo reunir las condiciones que le permitieran quedarse con la propiedad de ese piso, restando al precio de venta una parte o la totalidad de la renta abonada durante esos diez años. Pero al otro lado de la moneda había otra cara: qué hacer con aquellos que llegados al último mes de alquiler no pudieran, o no quisieran, hacer frente a la compra.

Esto es lo que le está ocurriendo ahora a la empresa municipal de Vivienda, Procasa, que afronta este año la caducidad de una promoción de 28 viviendas en alquiler con opción a compra (en la calle San Juan Bosco). El proceso de diálogo con los vecinos ya ha comenzado, pero la oposición está también alerta al respecto. Y hasta tal punto llega el lío, que hace unos días se avivó la polémica en un consejo de administración de esta sociedad municipal que terminaría provocando la retirada del punto por parte del gobierno de Bruno García.

A priori, la cuestión pudiera parecer bien clara. Aquellos que accedieron a las 28 viviendas de San Juan Bosco lo hicieron con las condiciones rotundas de asumir un alquiler durante diez años para cumplido ese período decidir si comprar la casa o finalizar el contrato con el Ayuntamiento. Y eso desembocaría a finales de este año que quienes no se quedaran con la propiedad del piso, subrogándose en el banco con el resto del préstamo hipotecario pendiente, se quedarían sin vivienda. Y es ahí, precisamente, donde surge el problema de estas promociones que, en parte, pueden considerarse envenadas para Procasa; sobre todo para los políticos que estén al frente de Procasa.

¿Qué hacer con esas familias que no puedan, o que renuncien, a adquirir las casas que han mantenido en régimen de alquiler durante estos últimos diez años? En esa solución está enfrascada ahora Procasa, que precisamente hoy mismo volverá a reunirse con los vecinos -ya lo ha hecho en anteriores ocasiones desde que comunicó en septiembre del pasado año que a lo largo de 2024 finalizaba su programa de alquiler con opción a compra- para darles información del procedimiento a seguir.

En principio, Procasa va a ejercer el mismo procedimiento que, de hecho, acordó en el año 2021 (con el gobierno de José María González Kichi) para las viviendas de jóvenes que el Ayuntamiento construyó entre 2004 y 2012 (158 en total) y que se destinaron también a esta fórmula de alquiler con opción a compra: “Pasar a viviendas del parque municipal a aquellos inquilinos que no podían pagar la renta”.

Pero la empresa municipal introduce ahora un importante matiz; en 2021 las viviendas que no fueron adquiridas (y señalan desde Procasa que “solo se vendieron 42 de las 185” construidas en esos ocho años de la etapa de Teófila Martínez en 18 fincas del casco histórico) fueron puestas a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida “en régimen de alquiler pero a familias con ingresos suficientes para pagar la renta”. Ahora, en 2024, se pone encima de la mesa “la necesidad de Procasa de vender las viviendas dado el déficit económico de la promoción”. Es decir, que hay que vender sí o sí esas 28 viviendas de San Juan Bosco, para las que se calculan unos precios de venta (descontados el 50% de las rentas de la última década, como establecía este programa) que oscilan entre los 93.000 y los 130.000 euros.

Para ello, quiere la empresa de Vivienda que aquellos inquilinos que no vayan a adquirir la casa “se les ofrecerá una vivienda en alquiler en el parque municipal de acuerdo con sus necesidades familiares y siempre que cumplan los requisitos establecidos por el consejo de administración” de mayo de 2021 (es decir, con el gobierno de Kichi). Requisitos que pasan por “no ser propietario de otra vivienda, tener unos ingresos familiares inferiores a 3,5 veces el IPREM y estar integrado en la comunidad de vecinos”.

“El objetivo de Procasa debe ser vender todas las viviendas para eliminar la carga hipotecaria, dando por hecho que a los inquilinos que no puedan o no quieran comprar es necesario darles una solución después de ser inquilinos municipales durante diez años”, insisten desde la empresa municipal, que deberá ahora articular una solución satisfactoria para esos inquilinos que no adquieran la propiedad de la vivienda concedida hace una década en estos próximos meses de 2024.

En principio, los que reúnan los requisitos para ser inquilino del parque municipal de viviendas “tendrán que trasladarse a una vivienda adecuada a su composición familiar y cuya renta sea adecuada a los ingresos familiares”. Un traslado que se haría de manera automática, ya que Procasa entiende que después de diez años no finaliza el contrato entre la empresa y el inquilino (en caso de no acceder a la compra del piso), lo que pudiera entenderse como un agravio respecto a esos demandantes de vivienda en alquiler que aguardan pacientemente una oportunidad en el registro municipal.

Al mismo tiempo, también tiene decidido que esas viviendas que queden libres en San Juan Bosco “serán puestas a disposición del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida para su venta directa” una vez sean rehabilitadas.

¿Y los que no reúnan esos requisitos?