"En la Diputación parece que ha caído una bomba de neutrones". Un empleado de la institución provincial describía de esta manera tan gráfica el miedo que tiene parte de la plantilla del palacio rosado y de algunas de sus fundaciones y empresas por la próxima llegada del PP al poder tras las elecciones del 22-M. Y el miedo no es gratuito porque si los populares cumplen todo lo que han criticado durante la casi eterna travesía en el desierto de la oposición, muchos pueden perder parte de los privilegios laborales con los que han contado a lo largo de los años. Una de las frases que se escucha estos días es "¿Qué va a pasar conmigo?".

En el año 2001 el entonces presidente de la Diputación, Rafael Román, tuvo que pedir perdón públicamente por la cantidad de casos de enchufismo que se habían producido en el edificio de la plaza de España d ela capital gaditana. Román centró la responsabilidad en los sindicatos mayoritarios de la Diputación, a los cuales se les ha achacado un poder excesivo en el tema de las contrataciones a dedo.

Ese mismo empleado decía que actualmente dentro de la gente "que tiene mucha preocupación por su futuro" desde el domingo se incluyen los llamados asesores, un grupo superior a la veintena, que son los principales compromisos del partido saliente en el equipo de Gobierno, el PSOE. La práctica totalidad de los mismos se da por hecho que no van a seguir. En esa nómina está entre otros Francisco Aído, que fue jefe de gabinete de Francisco González Cabaña y que vio rebajadas sus atribuciones por discrepancias con el aún presidente; los concejales de Cádiz Gonzalo Pando y Francisco González; el histórico Fernando Suárez, que llegó a ser en su día vicepresidente de la Diputación; Luciano Albarrán, persona de confianza del vicepresidente segundo, Federico Pérez Peralta; y el otrora alcalde de San José del Valle, Juan García, entre otros muchos. Algunos han sido asesores pero no todos han tenido sus funciones definidas y se les podía ver vagar por los pasillos y despachos sin nada que hacer. O incluso ha habido otros que ni siquiera han pisado la Diputación como Isabel Gómez, liberada por esta institución provincial para ejercer su papel de líder de la oposición en el Ayuntamiento de Ubrique, o el roteño Felipe Márquez, que ha cobrado su sueldo de esta institución pero para ejercer sus funciones de presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, un cargo sin remuneración en sí.

Estos asesores o cargos de confianza se vieron envueltos hace un par de años en una gran polémica que acabó también con el perdón de otro presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, por la aprobación de una subida de sueldo infinitamente superior al del resto de los mortales. Dentro de los asesores también hay categorías, que vienen marcadas por el sueldo que perciben. Los pata negra son aquellos que están al borde de los 60.000 euros anuales. Los de segunda categoría se quedan en los 45.000.

Pero no sólo los socialistas tienen asesores. IU, que ha sido socio de Gobierno del PSOE los últimos cuatro años, también tenía a alguno en esta nómina, como por ejemplo el concejal portuense de esta formación, Julio Acale.

Más delicado es el tema de las personas que están bajo el título de libre designación. Estos son funcionarios que la Corporación les da unas atribuciones especiales y que, entre otras cosas, percibe un complemento en su sueldo por esta cuestión y no están sujetos a la dictadura de la máquina de fichar. En esta categoría de libre designación los hay en todas las categorías profesionales, desde directores de área a bedeles, pasando por las secretarias de los propios diputados. En total suman unos 40 entre todos. Aquí sí que existe una gran preocupación porque esos complementos en el sueldo citados van desde aproximadamente 200 euros hasta los 500 que puede ser el mejor caso.

Para los directores de área se estableció en el año 2007 un concurso donde se sacaron 16 plazas y a las cuales se presentaron el mismo número de funcionarios. En la lista de nombres hay funcionarios y otros que también han ejercido en la política, la inmensa mayoría de ellos en el PSOE.

Por ejemplo ahí están los casos de Francisco Vázquez Cañas, que fue secretario provincial de los socialistas entre 1997 y 2001 y que ahora es director del área de Sociedad de la Información y, además, gerente de Epicsa, la empresa pública relacionada con la informática de la Diputación gaditana y que tiene su sede en el estadio Carranza; o Dora Salvador, que formó parte en su día de Nueva Izquierda y, posteriormente, del PSOE; o Carlos Perales Pizarro, director del Área de Ciudadanía, antiguo concejal en el Ayuntamiento de Cádiz entre 1999 y 2003 y a la sazón hermano del gran líder provincial ya fallecido, Alfonso Perales.

El PP puede optar por hacer otra relación de puestos de trabajo y sacar de nuevo a concurso estas plazas de libre designación o simplemente eliminar ese concepto. En cualquier caso, los funcionarios dejarían de cobrar ese complemento especial.

En el PP se teme lo que se pueden encontrar una vez que tomen el poder. De hecho ya están indagando sobre la situación de la plantilla, incluyendo el listado de los sindicalistas que se encuentran liberados, ya que se les ha informado de que puede haber algunos liberados sin que legalmente se haya tramitado nada. No obstante, da la impresión de que en los últimos años el control de estos sindicalistas liberados ha sido más estructo.

También quiere erradicar el PP a esos políticos que reciben el sueldo de la Diputación pero que después "no saben ni dónde tienen su mesa de trabajo", tal y como advertía este mismo empleado de esta administración. El equipo de Gobierno del PP en Cádiz ya hizo una campaña por este motivo contra la que ha sido candidata a la Alcaldía, Marta Meléndez, a la que acusaban de no acudir a su puesto de trabajo.

Pero esta preocupación no sólo afecta a gente que está dentro de la Diputación, sino también a muchos de los que forman parte de las empresas provinciales como Tugasa, Epicsa y algunas de las fundaciones. Por ejemplo, en la Fundación Dos Orillas, que tiene su sede en Algeciras y que sirve para estrechar relaciones con el Magreb, está como director para Relaciones con Marruecos el que fuera alcalde de Algeciras y adalid de la novenaprovincia, el andalucista Patricio González.

Sobre la Diputación siempre ha estado la sospecha continua de que se ha enchufado a mucha gente, tal y como tuvo que reconocer en su día el propio Román. Por los muros del edificio rosado circula la idea de que el método de entrada tenía tres vías. El tercio familiar, el sindical y el político, dándose el caso de sagas de apellidos dentro de la misma.

La última de las polémicas ha llegado con la intención de la Diputación de consolidar 261 puestos de trabajo, situación que ha obtenido respuesta por parte del sindicato de funcionarios CSIF, que ha llevado el caso a los tribunales. El PP también denunció sus bases y un juzgado hizo que se cambiara una de ellas. Esta consolidación se estaba haciendo con prisas porque se consideraba que se quería hacer antes de que se celebraran las elecciones, pero el sindicato no sólo ha impugnado la consolidación de estas plazas, sino que también ha solicitado como medida cautelar que se suspenda el proceso hasta que la justicia no dictamine.

Se da la circunstancia de que al no existir un catálogo de funciones en Diputación, la gente no sabe a qué se tiene que dedicar. En esta consolidación hay plazas de carácter laboral y otras de funcionario pero el sistema es tan perverso que hace que haya técnicos que sean laborales y, por ejemplo, carpinteros que pasan a ser funcionarios.

Para que una plaza se considere que ha de ser consolidada debe cumplir tres requisitos: que sea estructural, que tenga una dotación económica y una antigüedad anterior a 2005. De momento el caso está en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en primer lugar, tendrá que dirimir si concede la suspensión cautelar tal y como ha reclamado CSIF.

Desde el Partido Popular ya se ha ido en varias ocasiones a la Diputación desde el domingo. La concejal por Cádiz Mercedes Colombo fue bien recibida por parte de los empleados en un recorrido que hizo por el edificio de la plaza de España, el cual conoce muy bien porque sigue siendo la portavoz del Grupo Popular. Una de las primeras acciones que va a realizar es una auditoría económica para determinar el estado de las cuentas. La otra será laboral.