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Provincia de Cádiz

El PP solicita el expediente que se sigue para regularizar el diseminado

  • En el Consistorio se presentó una solicitud para conocer toda la documentación

El Partido Popular de Barbate, tras tener conocimiento de la denuncia interpuesta contra el alcalde, Rafael Quirós, por un presunto caso de prevaricación y cohecho por parte de un grupo de arquitectos y arquitectos técnicos locales, ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud, a través de los miembros de su grupo municipal, para que les trasladen "toda la documentación del expediente de concesión a la empresa Vivir en el campo SL por el procedimiento negociado sin publicidad de la gestión de la ordenanza de regularización de las viviendas situadas en las zonas rurales del término municipal incluidos los posibles informes de intervención o secretaria o en su caso jurídico sobre este tema".

Así, se pretende, "una vez estudiada esta documentación por parte de los servicios jurídicos del PP, reservarse el derecho de personarse como acusación en el procedimiento para salvaguardar los derechos legítimos de los ciudadanos de Barbate", según apuntó el candidato a la Alcaldía, José Manuel Martínez.

Para el PP "está en juego de nuevo la credibilidad de nuestro pueblo y de la Institución que lo rige, por lo que esperemos, como podemos creer por la denuncia, que presuntamente se están conculcando los derechos generales de los ciudadanos y del propio Ayuntamiento, con la concesión de la gestión externa a una empresa de reciente constitución, donde el Consistorio puede perder cientos de miles de euros en recaudación con la necesidad económica que tiene y donde por ejemplo los trabajadores municipales todavía no han cobrado la nómina del mes de abril".

Según Martínez, "el alcalde y su equipo de gobierno deben de dar explicaciones, aparte de las posibles judiciales por la demanda de los técnicos del municipio, en el plano político y que expliquen los señores del PSOE local con su alcalde a la cabeza, el porqué de las actuaciones llevadas a cabo sin publicidad alguna y sin que incluso los profesionales en materia urbanística conocieran de este asunto lo más mínimo a pesar de que se les requirió por su parte".

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