Benjamín Lora Graván, casado y con tres hijos y vecino de El Puerto, aceptó ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz una pena de un año y medio de prisión por cada uno de los siete delitos de abusos sexuales que cometió contra alumnas del colegio portuense en el que era profesor en el curso 2005-06. La condena suma diez años y medio de prisión pero en aplicación de una medida legal (el triple de la pena más alta cuando son varios delitos) el procesado tendrá una pena real de cuatro años y seis meses.

El condenado se declaró inocente durante la instrucción del procedimiento y se encuentra en libertad, situación en la que ha permanecido en espera de la celebración del juicio. Ahora, una vez que el juez elabore y notifique la sentencia de conformidad, ingresará en prisión para cumplir la condena. Al aceptar que cometió los delitos y la sentencia pactada, el procesado evitó ayer la vista oral, en la que iban a prestar declaración las menores que sufrieron los abusos.

La sentencia de conformidad ha supuesto una sensible rebaja respecto a la solicitud provisional del fiscal, que reclamaba tres años de prisión por cada uno de los siete delitos de abusos sexuales. La acusación particular, ejercida por los padres de cinco de las siete menores, solicitaba cuatro años de prisión por cada delito.

Los padres de las víctimas accedieron a pactar la sentencia porque, según explicaron, quisieron evitar que las menores declarasen en el juicio y sufriesen así un perjuicio añadido al que les ha provocado ser víctimas de un pederasta que se aprovechaba de su condición de profesor de las niñas para cometer los delitos.

Antes de acceder al pacto, los padres intentaron que las menores declarasen en el juicio mediante videoconferencia pero se toparon con que los Juzgados de lo Penal de Cádiz carecen de medios que permitan esa posibilidad. En el Palacio de Justicia de la capital gaditana, sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, sí se han celebrado juicios en los que menores víctimas de delitos sexuales han declarado mediante videoconferencia y han evitado así coincidir en la misma estancia con el acusado. Aunque declaran protegidos por una mampara de la vista del procesado, los menores suelen afrontar episodios de ansiedad y tensión que no se limitan sólo al momento de prestar testimonio sino que comienzan días antes de la vista oral. En este caso, por una u otra razón, nadie consideró oportuno trasladar la celebración del juicio al Palacio de Justicia para que también las víctimas de este asunto pudiesen declarar mediante videoconferencia.

Además de la pena de prisión, el fallo de la sentencia condena al procesado a indemnizar con 9.000 euros a cada una de las siete víctimas de los abusos sexuales.

El condenado se ha beneficiado de dos atenuantes que serán recogidas por la sentencia de conformidad: una de alteración psíquica (según un informe pericial padece un trastorno de personalidad) y otra de restitución del daño (porque antes del juicio abonó la indemnización a cinco de las víctimas).

Los delitos cometidos por el profesor Benjamín Lora salieron a la luz cuando una de las menores de las que abusaba sexualmente decidió no soportar más y le contó a sus padres lo que estaba ocurriendo. Esos padres se pusieron en contacto con otros y pronto se supo que el asunto afectaba también a otras niñas. Como suele ser habitual en estos casos, nadie del entorno del profesor sospechaba que era un pederasta y mucho menos que cometía los delitos en el colegio, amparado por su trabajo como docente.