Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Cádiz contra las dos anteriores delegadas de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Isabel Gómez y Gema Araujo. Según ha explicado a este diario el portavoz del colectivo, Juan Clavero, los conservacionistas consideran que ambas podrían haber cometido sendos supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental para que a la empresa promotora de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en Grazalema, Inmocentral, se le impusieran penas mínimas. Y es que, denuncia Clavero, "Isabel Gómez y Gema Araujo certificaron que Grazalema no pertenece al Parque Natural para justificar sanciones mínimas por el desvío del río".

La historia se remonta a octubre de 2005. Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente por las obras que se estaban llevando a cabo en Grazalema, consistentes en el encauzamiento y desvío del cauce del río Guadalete para favorecer la construcción de un bloque de pisos. El colectivo advertía entonces que los trabajos (que desviaron el originario cauce fluvial, sobre el que comenzó a levantarse la promoción de viviendas) infringían la normativa del Parque Natural Sierra de Grazalema así como la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A raíz de esta denuncia, rememoran desde Ecologistas, "se procedió a la paralización de las obras y a la apertura del correspondiente expediente sancionador por parte de Medio Ambiente, que culminó en marzo de 2006 con una resolución de la entonces delegada provincial Isabel Gómez García por la que se sancionaba a la empresa constructora Inmocentral a una multa de 6.010 euros, el mínimo que estipula la Ley, y a restaurar el río a su estado original".

Cuando Ecologistas en Acción pidió explicaciones de por qué se imponía "una sanción tan ridícula por hechos tan graves ocurridos en un cauce público y en el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema", la entonces delegada Gemma Araujo, agrega Clavero, " contestó textualmente que no se estimó la concurrencia de agravante alguna, entre las previstas en el artículo 65 de la Ley 7/1994, ya que las obras se ejecutaban en el casco urbano de Grazalema y no en el interior del Parque Natural, tal como recogía el informe del director conservado".

Ante lo que los ecologistas tildan de "evidente falta a la verdad para justificar una sanción mínima", solicitaron un informe jurídico a la Consejería de Medio Ambiente para determinar si los núcleos urbanos pertenecen a este parque natural. Tras más de dos años, por fin los servicios jurídicos de la Junta dictaminaron que los cascos urbanos de los municipios incluidos en este parque natural pertenecen al mismo. Por ello, a juicio de Juan Clavero, "queda en evidencia que estas dos responsables públicas, y el anterior director del parque que, según asegura Araujo en su escrito, certificó que el pueblo de Grazalema no pertenecía al parque natural, podrían haber incurrido en sendos delitos de falsedad documental y prevaricación".

Ecologistas en Acción espera que la Fiscalía tome cartas en este asunto "que tiene una gran trascendencia, pues en estos últimos años la Consejería de Medio Ambiente se ha negado a intervenir ante las numerosas ilegalidades que se han venido cometiendo en los cascos urbanos del parque natural aduciendo que no pertenecían al parque".

El colectivo se ha dirigido también a la actual delegada, Silvia López, para que se pronuncie sobre el asunto, y quiere que se aborde en Junta Rectora del Parque. Este diario intentó ayer contactar con la delegada, no siendo posible.