Las organizaciones ecologistas Greenpeace y WWF mostraron ayer su preocupación por el "altísimo" porcentaje de pesca de juveniles de atún rojo (menores del tamaño legal permitido en el momento de captura) en el Mediterráneo y demostraron que esta práctica se ha mantenido en la última campaña.

Según una investigación de la consultora ATRT, entre julio de 2008 y mayo de este año, el 46% del atún rojo vendido en fresco en el mercado japonés y proveniente de granjas de engorde eran ejemplares juveniles en el momento de ser pescados. Estos atunes caen en las redes de modernos cerqueros altamente tecnificados y transferidos a centros en la costa, donde son engordados entre 4 y 10 meses, hasta que se sacrifican y se venden en Japón.

Ambos colectivos exigieron por ello la adopción de medidas extraordinarias que eviten el colapso de la pesquería de la especie ante la incapacidad para reproducirse. "Los científicos estimaron en octubre que sólo queda un 15% de la población original de atún rojo y los nuevos datos de tallas demuestran que la pesquería sigue fuera de control", aseguró Raúl García, responsable de Pesca de WWF España. En la misma línea, Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace, concluyó que "a estas alturas, el cierre de la pesquería y la protección de sus zonas de reproducción son la únicas soluciones, hasta que haya señales evidentes de recuperación".

Una representación del sector almadrabero y de la Junta de Andalucía se encuentran allí para conocer de primera mano el dictamen de la ICCAT y cualquier novedad referida al Total Admisible de Capturas que se impone para las próximas campañas y que marcará la cuota asignada a la industria tradicional gaditana, de la que dependen 400 empleos.

La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a aceptar que el límite se reduzca de las 22.000 toneladas actuales a unas 15.000 para 2010, lo que implicaría una redistribución de las cuotas entre los 50 países miembro. Para la portavoz de la Organización de Productores Pesqueros de Almadrabas, Marta Crespo, este recorte o, incluso, el mantenimiento de las 1.088 toneladas asignadas este año, obligarían a cerrar alguna de las cuatro almadrabas que se calan en la provincia.

Desde esta organización, abogan, en cambio, por "la aplicación de una veda para la flota industrial de cerco del Mediterráneo -responsable de la pesca de juveniles denunciada- que aliviaría el número de capturas de atunes rojos".