El propietario y la directora de la perrera puertorrealeña El Refugio, clausurada en 2007, tendrán que responder ante la justicia por las nefastas condiciones del centro y por el sacrificio de animales con "ensañamiento y crueldad" a través de un paralizante muscular prohibido, sin sedación alguna. Aunque la causa contra ambos quedó archivada en el auto formulado tras la instrucción del caso, el Juzgado número 2 de Puerto Real ha estimado el recurso interpuesto por la acusación -la protectora de animales también llamada El Refugio- y ha decidido imputar a Plácido Gómez y Manuela Andrade por un presunto delito continuado de maltrato de animal doméstico y por otros dos presuntos delitos de falsedad documental y denuncia falsa. El propietario y la directora del negocio, junto a los veterinarios Estanislao Cuesta y Roberto Parodi, forman ahora el cuarteto de imputados en el primer procedimiento penal por maltrato contra una perrera en el país.

La investigación judicial ha considerado probado que la antigua Verde-6, que prestaba servicio a al menos quince municipios de la provincia, sacrificó un mínimo de 573 animales entre 2005 y septiembre de 2007 empleando de forma exclusiva inyecciones de Mioflex Braun, un poderoso y barato paralizante -con 35 euros se eliminaba a unos 100 internos-.

La sustancia provocaba en perros y gatos un bloqueo progresivo del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que, después del pinchazo, los animales agonizaban hasta su muerte "en plena consciencia y vigilancia". En su primer auto, la titular del Juzgado número 2 de Puerto Real argumentó que el empleo de Mioflex es encuadrable dentro del delito de maltrato animal no por provocar la muerte -la eutanasia es legal-, sino por la agonía desencadenada en canes y gatos, pese a la existencia de sustancias capaces de mitigar el sufrimiento descrito.

En el mismo auto, la jueza subrayó el pésimo estado y mantenimiento de las instalaciones, con perros y gatos hacinados y mal clasificados en condiciones insalubres que provocaron el sufrimiento o la muerte "de un número indeterminado de animales".

Por estos hechos resultaron imputados los dos veterinarios del centro, aunque no el propietario y la directora al entenderse que carecían de formación específica y no estaban obligados a tener "pleno conocimiento" de los letales efectos del Mioflex. Además, se señalaba que ellos no ostentaban una posición de "garante", la que asumen las personas que voluntariamente se ocupan de tareas que implican el deber de actuar como un socorrista, un médico, o, en este caso, un veterinario.

Los abogados de la protectora El Refugio, que denunció las condiciones del matadero ante la Guardia Civil, recurrieron la decisión inicial de la jueza con la adhesión del resto de partes de la acusación y del Ministerio Fiscal. Todos consideraban que tanto el administrador como la gerente de la perrera conocían a la perfección las irregularidades del centro.

El Juzgado de Instrucción de Puerto Real admite ahora este recurso y señala que a Gómez y a Andrade "no se les puede descartar en esta fase procesal su posición de garante". Además, reseña que tanto las declaraciones de los implicados y testigos, como las propias condiciones físicas de la perrera, "no permiten descartar" que ambos desconocieran la situación de maltrato animal que se estaba llevando a cabo ni tampoco la existencia de instrucciones por parte de los mismos a los veterinarios sobre el uso de Mioflex como medio para reducir costes.

El director de la asociación protectora El Refugio, Nacho Paunero, expresó ayer su satisfacción por la nueva decisión judicial: "Hemos defendido desde el principio que el dueño de la perrera y la directora conocían el uso del paralizante muscular y el maltrato que sus veterinarios realizaban a los animales. Seguimos confiando en que todos ellos se sienten delante de la juez por estos hechos".

Contra el último auto aún cabe la interposición de recursos de apelación ante el propio Juzgado o ante la Audiencia Provincial.