La relación entre la Junta de Andalucía y el propietario de las Clínicas Pascual se tensa por momentos y nada hace presagiar cuáles serán los próximos pasos por ambas partes.

Lo último ha sido el envío de un escrito por parte del Servicio Andaluz de Salud, y más concretamente por su director gerente José Manuel Aranda, dirigido a la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. en el que informa de su intención de iniciar un expediente para declarar la nulidad de la prestación de asistencia sanitaria en los hospitales que la empresa Pascual tiene en El Puerto, Sanlúcar y Villamartín.

La Junta de Andalucía reconoce que desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 30 se septiembre de 2016 el servicio sanitario que se ha prestado en los hospitales de Pascual de las citadas localidades gaditanas no ha venido auspiciado por ningún contrato ni concierto sino que ha sido por el propio "interés general" y ante "la imposibilidad de prestar (allí) asistencia hospitalaria con medios propios del Servicio Andaluz de Salud... se ha continuado, sin concierto, atendiendo a pacientes".

El último enfrentamiento entre ambas partes viene dado por el precio de los servicios prestados al SAS por parte de Pascual en esta situación de vacío contractual. Por su parte, ante la ausencia de concierto, Pascual le ha pasado al SAS facturas por estos últimos 11 meses por valor de 121.189.906,30 euros, aplicándole el empresario gaditano tarifas de hospital privado. El SAS, a pesar de reconocer que no existe concierto, acude a la Ley y a la figura del "interés público" para imponerle a Pascual que los servicios prestados durante este último año deben facturarse con las tarifas incluidas en el último concierto que estuvo vigente, antes de noviembre de 2015.

De ahí esa disparidad existente entre los 121 millones de euros que dice Pascual que le debe la Junta y los 60 que el SAS dice adeudarle al empresario gaditano por los servicios prestados en este período.

Con el escrito remitido a Pascual por Aranda, el SAS considera que la facturación en los hospitales de Villamartín, El Puerto y Sanlúcar deben tomar como referencia los precios al uso bajo concierto. Es decir, una mensualidad fija de 5.524.756,88 euros, se presten los servicios que se presten, tal y como permite la modalidad de disponibilidad asistencial vigente durante el último concierto.

La Junta considera que las facturas enviadas por Pascual al SAS responden a "tarifas abusivas" y no a "precios razonables y equitativos".

A pesar de todo, la Junta no deja de reconocer su incapacidad para prestar servicio sanitario a los más de 250.000 gaditanos que residen en las zonas de influencia de Pascual en la Sierra, Sanlúcar y El Puerto.