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Provincia de Cádiz

La Audiencia Provincial confirma el derribo de las instalaciones de Delphi

  • El juez considera "altamente costoso" el mantenimiento de la fábrica, que ha generado en los últimos cuatro años una deuda de más de dos millones de euros

La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado el derribo de la antigua fábrica de Delphi. El juez de la Sección Quinta Carlos Ercilla Labarta ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Puerto Real contra el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil autorizando "la demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones" del Delphi, sitas en el polígono industrial El Trocadero.

Así pues, el tribunal gaditano ha ratificado la decisión que en su día tomó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz -concretamente el 30 de diciembre de 2014-, que da luz verde a la demolición y desmantelamiento de la totalidad de la fábrica, propiedad de la administración concursal de Delphi.

Entre los argumentos que ofrece el juez para confirmar el derribo de la que fue una de las empresas punteras del sector automovilístico en la provincia de Cádiz está el elevado coste que supone su conservación. "El mantenimiento de dichas instalaciones es altamente costoso, sin observarse un fin próximo". Y aporta un dato que corrobora ese cuantioso gasto: "En los últimos cuatro años se ha generado una deuda de 2.324.380,08 euros por conceptos tales como seguridad y vigilancia, reparaciones y conservación, primas de seguro, suministros de luz y agua... e Impuestos de Bienes Inmuebles, siendo la cantidad devengada por este último concepto de 250.000 euros anuales".

Respecto al IBI el juez ofrece esta reflexión: "Resulta llamativo que de todos los acreedores, quien se oponga frontalmente a esta medida [el derribo] sea exclusivamente el Ayuntamiento de Puerto Real, perceptor del IBI de tales terrenos". De ahí que, al prosperar la demolición, el Consistorio vea disminuidos "sensiblemente sus ingresos".

El auto de la Audiencia que desestima el recurso del Ayuntamiento puertorrealeño apunta que cuando eche abajo la sede de Delphi se ahorrarán todos los gastos antes mencionados (luz, agua, vigilancia...), "e incluso el IBI quedaría reducido en un 51%", lo que, evidentemente, afectaría al volumen recaudatorio del actual gobierno municipal.

Bajo esta misma premisa de ahorro, el juez considera que con el dinero que ya no se destine a la conservación de las instalaciones "se podría atender y abonar los créditos pendientes"; y "no a esos créditos contra la masa surgidos posteriormente por el mero mantenimiento de las edificaciones y el IBI de las mismas, lo que no suponen un fin económico claro ni próximo".

En lo que al traspaso de la parcela se refiere, el auto desestimatorio especifica que "si bien dichos terrenos están destinados a la venta desde 2007 -año en que se declara el concurso- no ha existido una oferta seria de adquisición de los mismos, y las dos ofertas existentes, que no han fructificado, lo han sido prescindiendo de tales instalaciones, interesando únicamente el terreno".

Asimismo, el magistrado de la Sección Quinta plantea la posibilidad de fraccionar el solar donde se ubica la fábrica -una vez derruida- como alternativa para facilitar su posterior compra por terceros. "Posiblemente sea más factible para la liquidación la venta en parcelas más reducidas, sin que tengan un IBI de edificaciones pendiente".

De otra parte, el auto que ratifica la demolición de la nave de Delphi subraya que las instalaciones y construcciones están destinadas "expresamente" a la actividad de la concursada, con lo cual "cualquier otra empresa que pudiera adquirir las mismas, lo normal es que hubiera de proceder a su demolición y construcción desde el principio para atemperarlas a sus necesidades específicas".

A todo esto el juez añade que, dado el tiempo transcurrido, el edificio debe estar "obsoleto, deteriorado y en difícil situación", pues aunque se han realizado algunas obras de, "son limitadas a la seguridad de las edificaciones para evitar males mayores" solamente.

Por último, esta resolución judicial recuerda que el concurso es un procedimiento cuyo fin consiste, de una parte, en procurar la subsistencia de la empresa; y de otra, lograr que los acreedores puedan cobrar sus créditos de una forma ordenada y en la mayor proporción posible. "Excluido en el presente caso la persistencia de la empresa, la cual no resulta viable, y no ha existido una voluntad de continuación, si no de disolución por parte de la concursada, únicamente resta la liquidación de los bienes y su reparto entre los distintos acreedores". Hoy el único bien son los referidos terrenos donde aún se emplaza Delphi.

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