El subidón de las tasas exigidas por el atraque de embarcaciones se ha unido a un conflicto laboral que lleva empantanado hace ya casi un año. Concretamente fue en abril de 2015 cuando venció la concesión que se dedicaba a dar el servicio de marinería en los distintos puertos deportivos de Andalucía pertenecientes a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). El nuevo concurso quedó desierto.

La prestación del servicio no le resultaba rentable a la empresa que lo llevaba a efecto, por lo que se planteó ante la APPA una subida de los precios concesionados o una rebaja salarial de los casi un centenar de marineros que realizaban las labores de mantenimiento en los puertos de Puerto América, Chiclana, San Fernando, Rota, La Línea, Barbate, Conil, Chipiona y Rota.

Este vacío dejó a los citados muelles sin personal que atendiera las necesidades de sus usuarios de mantenimiento, limpieza, jardinería o suministro de combustible.

"A eso le sumamos que cuando no están las oficinas abiertas y hay un atraque, amarramos, documentamos, cobramos... hacemos de todo", refiere Antonio Vega, que prestaba este servicio de marinería hasta el año pasado en Barbate.

Vega que es, a su vez, representante del sindicato CCOO, cuenta que el muelle barbateño está ya sufriendo las consecuencias de este conflicto que se prolonga ya durante casi un año. De hecho, en 2015 había censados en el puerto de Barbate un total de 340 embarcaciones y, a día de hoy, quedan tan sólo 120, según Vega.

El parón del servicio ha quedado sólo reducido ahora a los puertos de Barbate, Conil, Gallineras, Sancti Petri y Rota, ya que Puertos de Andalucía sí logró encontrar a una empresa concesionaria, Alvac, que se hiciera cargo de la marinería en el resto de muelles.

Los demás siguen sin ese servicio y son los propios dueños de las embarcaciones, que se ven obligados a amarrar y desamarrar así como al resto de trabajos de mantenimiento propios de personal experto.

La parlamentaria de IU, Inmaculada Nieto, llevó esta semana ante el Parlamento andaluz este conflicto que mantiene en vilo a cerca de una treintena de familias y a cientos de usuarios que se están planteando si dejar de atracar en los puertos gaditanos en conflicto y llevarse sus embarcaciones a otros muelles.

Allí, en el Parlamento, Nieto lamentaba la respuesta del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a su pregunta en referencia al servicio de marinería. Nieto denuncia que esto huele a "persecución sindical" y señala que el consejero "se ha parapetado detrás de sentencias contradictorias dictadas en Cádiz y Huelva ante la denuncia de los trabajadores para ocultar lo que en toda regla parece un escarmiento a quienes levantaron la voz".

Cabe recordar que la adjudicación del servicio de marinería de estos puertos quedó dos veces desierta, según los propios trabajadores, por la oferta a la baja presentada por la Junta. En este impasse, la APPA procedió a la subcontratación puntual de trabajadores para estos servicios sin contar con el personal que venía desempeñándolo desde hacía más de dos décadas, hecho que según recuerda Nieto al consejero, es el que motivó que los trabajadores se decidieran a acudir a instancias judiciales, "por ver desasistido su derecho". La resolución de la sentencia fue paralela a la nueva adjudicación a la empresa BCM y lo que "de manera natural debería haber sido una subrogación de trabajadores acabó en la no readmisión por parte de la Junta ante la sentencia a favor de los trabajadores".

Por su parte, la Junta de Andalucía explica que la APPA tramitó un nuevo concurso para los dos lotes que quedaron desiertos en el concurso general de abril, Barbate y Conil, en un lote y Sancti Petri, Gallineras y Rota en otro lote, presentándose una única empresa distinta para cada lote (Alvac y BCM). Por tanto, "ya se tenía suficiente capacidad para solucionar al cien por cien el problema y que la marinería comenzar a operar", según un portavoz de la Junta.

Sin embargo, todas las partes coinciden en que en este proceso de adjudicación ha interferido un procedimiento judicial iniciado por una parte de los trabajadores, que demandaron a la APPA por "despido y cesión ilegal" con el objetivo de ser declarados empleados públicos, y no trabajadores de las empresas de servicios en las que se habían ido subrogando.

En la actualidad se han celebrado cuatro juicios, dos de ellos acumulaban demandas de cinco trabajadores cada uno, y dos individuales. (12 trabajadores en total). Quedan pendientes de celebrarse 52 juicios, aunque se han producidos desistimientos de parte del personal.

De los cuatro juicios habidos, se han recibido dos sentencias en primera instancia, una de la Sala de Cádiz por cinco trabajadores y otra de la Sala de Huelva por otros cinco trabajadores.

La de Cádiz estima las demandas de los trabajadores declarando despido y cesión ilegal, mientras que la de Huelva dice todo lo contrario: las desestima considerando conforme a Derecho las actuaciones llevadas a cabo por esta Agencia en relación a la prestación del servicio auxiliar portuario. Es de esperar que en posteriores pronunciamientos los tribunales unifiquen su doctrina al respecto.

Mientras tanto, con respecto a la de Cádiz, Puertos ha recurrido la sentencia al TSJA, anunciando a su vez al tribunal que se opta por la posible indemnización de dichos trabajadores, en caso de mantenerse el pronunciamiento judicial en el mismo sentido.

Dado que los contratos que estaban pendientes de adjudicar corresponden a los puertos de los trabajadores que han ganado en primera instancia la demanda, ha sido necesaria la suspensión del trámite de adjudicación del concurso de estos dos lotes para analizar los efectos que sobre este contrato tiene la sentencia, estando en la actualidad en fase de dicho análisis, según la Junta. El tema se ha complicado porque, si se da por válida la sentencia actual de cesión ilegal, no es posible la subrogación en otra empresa, que era como venía funcionando la marinería, y por tanto la adjudicación en tramitación es muy dudosa.

En la actualidad se mantienen, según aclara la Junta, negociaciones con los representantes legales y sindicales de los trabajadores y de firma Alvac, de la que han venido dependiendo, con el fin de alcanzar algún acuerdo con validez.