Desde el Colegio de Procuradores de Cádiz califican de "caos" el primer mes de rodaje del Papel 0. "Somos los procuradores los que realmente estamos sufriendo las consecuencias, porque el 90% de los escritos, demandas y querellas que se presentan a diario en todos los órdenes jurisdiccionales son tramitados por los procuradores. Para que todo el mundo se haga una idea, en el año 2015 los procuradores, a través de los colegios, hemos gestionado en Andalucía más de 30 millones de notificaciones. Y ahora toca la presentación de escritos", se queja el decano José Eduardo Sánchez.

"La implantación de este sistema se ha hecho a la ligera, sin previa formación de los funcionarios y sin dotación por parte de la Junta de Andalucía a los juzgados de los medios técnicos necesarios", asegura Sánchez, quien lamenta "la improvisada adaptación del programa de gestión Adriano a Lexnet, lo que provoca continuos fallos y múltiples disfunciones que originan que los escritos no entren en determinados momentos o sean rechazados por la propia aplicación".

El decano de los procuradores gaditanos desarrolla la siguiente argumentación: "La Ley de Enjuiciamiento Civil nos ha obligado, desde el 1 de enero, a que presentemos los escritos iniciadores de forma telemática exclusivamente, y a que en el plazo de los tres días siguientes presentemos tantas copias en papel como demandados, querellados... haya que notificarles esos escritos iniciadores. Se da la circunstancia de que los jueces no disponen todavía de firma electrónica y, por ende, tienen que firmar sus resoluciones en papel. Tampoco cuentan con los oportunos visores o 'dobles pantallas' de ordenador que les permitan consultar los documentos que en teoría deberían estar digitalizados. Entonces nos piden como solución temporal (¡no se sabe cuánto tiempo durará!) que colaboremos presentando otra copia más en papel. Es decir, que sufraguemos los procuradores las deficiencias de la Administración. ¿Dónde está el Papel 0? ¡Paradoja absolutamente kafkiana!".

Por todo lo expuesto, los procuradores denuncian que "esta desastrosa situación puede tener gravísimas consecuencias para el justiciable, para el ciudadano que tiene derecho a una tutela judicial efectiva. No se puede olvidar que en el 90% de los litigios, las personas se encuentran representadas ante la Justicia por los procuradores; y si, como consecuencia de estos fallos, se pierde algún plazo perentorio -de los que hagan decaer un derecho-, quien resultará gravosamente dañado será el ciudadano".