Los casos de cáncer y enfermedades graves entre los trabajadores que prestan servicio en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz alcanzaron el 20% de la plantilla entre 2009 y 2014, explicaron los propios empleados en el verano del año pasado mediante un escrito que firmó el 90% de la plantilla. Ha transcurrido más de un año y la situación continúa igual: los trabajadores siguen preocupados y no han recibido información precisa que les permita superar ese estado de inquietud que ha provocado ver cómo algunos compañeros han ido sumándose a la lista de afectados, han explicado diferentes miembros de la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Cádiz.

Los representantes sindicales coinciden en señalar que no ha habido ningún avance. En agosto de 2014, la Subdelegación del Gobierno anunció que había encargado un estudio sobre los "posibles casos de afectados" de su plantilla y otro sobre cada puesto de trabajo "de cara a comprobar el grado de afectación" por radiaciones. Pero más adelante, la Junta de Personal, a través del Comité de Seguridad y Salud, fue informada de que el Gobierno había considerado innecesario realizar tales estudios.

La Subdelegación ya indicó en el verano de 2014 que los aparatos existentes en la Subdelegación estaban "en límites normales". También que ya se había intentado hacer un estudio de las personas afectadas por enfermedades graves pero que no se había podido completar. No obstante, ese estudio "avanzaba que, en principio, no había relación causa-efecto a la vista de los datos que se trasladaban de los diferentes casos", dijeron entonces fuentes de la Subdelegación.

La escasa información por parte del Gobierno respecto a este asunto y el modo en que la ha facilitado lleva a pensar a algún miembro de la Junta de Personal que no hay interés alguno en averiguar por qué los trabajadores de la Subdelegación se ven afectados por enfermedades graves de una manera que supera lo que ocurre en otros centros de trabajo.

Entre otros casos de centros de trabajo en los que los trabajadores se enfrentaron a una situación parecida se encuentra el ocurrido en Madrid en el Centro de Proceso de Datos de El Escorial. Hace unos años, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció que los trabajadores de ese centro estaban expuestos a radiaciones y otras contaminaciones peligrosas para su salud que habían causado "desde el año 2000 la muerte a seis personas y la enfermedad por diversos tipos de cáncer a 13 más", de un total de 200 empleados que componían la plantilla de ese lugar.

El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez-Fornet, remitió en 2006 una carta al entonces director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, en la que indicaba que había tres nuevos casos de cáncer desde 2005, año de la primera denuncia. Sanchez-Fornet afirmaba que no creía el informe exhaustivo elaborado tras la denuncia, que señalaba que no existían razones científicas derivadas de cualquier tipo de radiación que pudiera relacionarse con las incidencias de cáncer en el lugar.