Ayer fue día de reunión entre la Junta de Andalucía y los cuatro sindicatos que representan al colectivo Delphi. Fue un nuevo intento de llegar a algún tipo de acuerdo que proporcione, como dicen los representantes sindicales, una "salida digna" para estos ex trabajadores.

Sin embargo, uno de los principales argumentos que siempre han mantenido estos sindicatos (CCOO, UGT, CGT y USO) para lograr esa salida, los antiguos terrenos, se vino ayer abajo.

Según indicó a este periódico el portavoz de UGT y representante de la ejecutiva regional del Metal de ese sindicato, Antonio Montoro, los administradores concursales que se hicieron con las riendas de este asunto desde que cerró la fábrica en 2007, han comunicado a estos portavoces sindicales que han tomado la decisión de ordenar el derribo de la antigua fábrica de Puerto Real a primeros de año, si antes no sucede otra cosa.

Esta 'otra cosa' sería, evidentemente, la llegada de una nueva empresa que se instale en ese recinto, algo que hoy por hoy parece muy lejano. Por tanto, el argumento de la Administración concursal se basa en que hay aún acreedores a los que pagar, gastos que aún sigue generando la propia fábrica (luz, seguridad, electricidad, etc.) y ya no queda dinero del que seguir tirando.

Por eso, si no hay otra alternativa, a finales del próximo mes de enero o principios de febrero, la vieja fábrica de Delphi, que significó el símbolo de la lucha obrera en la Bahía durante los últimos años, será historia.

Y con ello, además, será historia el propósito de la antigua plantilla de que bajo esas mismas chapas se instalara otra empresa que diera empleo, no sólo a ellos, sino a otros parados de la Bahía. Según Antonio Montoro, "con todo el cobre que hay en las naves, los administradores tendrán de sobra para afrontar pagos, pero dejarán el terreno limpio, se perderá suelo industrial y podrá ubicarse hasta un centro comercial, que no crearía apenas empleo".

Por otra parte, sobre la comisión celebrada ayer, los sindicatos volvieron a salir desesperanzados. Miguel Paramio, representante de USO, explicó que "nos han vuelto a insistir en que nos acojamos a las medidas de mayores de 45 años, pero eso está pensado para quien no tenga ningún ingreso y nosotros, la mayoría, está cobrando la ayuda de 400 euros y es lo único que tenemos. También insisten con que Las Aletas comprará el terreno, pero el problema es que no hay empresas. Ha sido más de lo mismo, estamos enfadados, nos han dejado tirados y no quieren ni hablar de un plan de empleo".

Por eso, como también manifestó Antonio Montoro, "hemos solicitado una reunión con los tres partidos presentes en la Junta -PP, PSOE e IU- para que definitivamente nos busquen alternativas, no sólo para nosotros, sino para toda la Bahía de Cádiz. Si no sale nada, aunque solo sea por parte de UGT, iniciaremos la presentación de las pertinentes demandas contra la Junta".