La Policía Nacional dio ayer por desarticulada la trama de empresas relacionadas con el conocido fraude de Bahía Competitiva. Según un comunicado emitido ayer por la Dirección General de la Policía, los agentes de la Policía Nacional han desarticulado, con un total de 31 detenidos, una "trama de corrupción" que presuntamente obtuvo de forma ilícita un total de 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía.

El comunicado añadió que un total de 50 empresas solicitaban las ayudas, y que responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión. Además, "expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública". La Policía añadió que el conglomerado mercantil beneficiario de estos fondos se iba a instalar supuestamente en la Bahía de Cádiz, zona con un plan específico de ayudas para el fomento empresarial. Además, otra partida de 26 millones fue autorizada aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir. El principal investigado tenía fijado su domicilio en Luxemburgo, aunque residía realmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid.

El entramado investigado, explicó la Policía, se sustentaba en tres pilares. En primer lugar, existía un grupo de empresarios encargado de formalizar todos los trámites requeridos legalmente para la solicitud de este tipo de subvenciones. Posteriormente entraban en escena una serie de empleados públicos cuya función sería "la facilitación de forma irregular de la concesión de los fondos a los responsables de las mercantiles". Finalmente, un segundo grupo de empresarios se encargaría "de ocultar los beneficios para defraudar a la Hacienda Pública". El entramado empresarial y la estructura de solicitud de las subvenciones pretendía la instalación de las empresas en un polígono industrial de nueva creación en Alcalá de los Gazules, La Palmosilla, "a día de hoy inexistente".

La investigación, recordó ayer la Policía, tiene su origen en el año 2011 tras presentarse una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. A raíz de esta comunicación, los agentes iniciaron sus pesquisas sobre un entramado empresarial, "que se habría creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la propia Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria, para el fomento empresarial".

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que, desde 2008, fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas prácticamente por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010. Además, los policías detectaron dos grupos de empresarios, el de los "gallegos" y el de los "madrileños", apareciendo en ambos "numerosas personas en calidad de testaferros". En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo 11 registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Proba do Caramiñal (ambas en A Coruña), en El Puerto y en el País Vasco.

Ya en octubre de 2012, las informaciones obtenidas durante la investigación propiciaron la detención de nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz.

Recientemente se ha cerrado la tercera fase de esta investigación en la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, añadió la Policía, con la colaboración de la ONIF Agencia Tributaria, se ha procedido al arresto de ocho personas más y a la práctica de cinco registros domiciliarios. Entre los detenidos figuran empresarios "cuya misión era ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones", indicó el escrito.

Contaban para ello, según el comunicado, con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de 'colocar' el dinero "en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública". "Los arrestados disfrutaban de un elevado nivel económico, especialmente el máximo responsable de la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más exclusivas de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo", explicó.

Además de las detenciones, la Policía detalló que se ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.

La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDYCO de Sevilla, el GOIT y los Guías Caninos y la ONIF de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, este periódico ha podido saber que el próximo día 16 de julio comenzarán las declaraciones, ya como imputados por la juez, de ocho personas que pertenecen a las tres administraciones públicas relacionadas con este caso.

Concretamente, el 16 de julio a las 11:30 horas, abrirá las declaraciones la que fuera responsable del IEDT de la institución provincial durante la etapa de Gobierno del PSOE, María José Valencia. Hay que recordar que ya fue detenida por la Policía y se le tomó declaración, aunque fue puesta en libertad. Una hora después, le tocará el turno a uno de los principales implicados en el entramado empresarial, Agustín Bobo de Vega. Hay que recordar que fue esta persona quien, junto a Dávila Ouviña, abrió la caja de los truenos con la reclamación que el Ministerio de Industria realizó por las ayudas Reindus cobradas pero no aplicadas. Bobo de Vega figuraba como administrador único de al menos una decena de negocios en la provincia de Cádiz relacionados con esta trama.

Al día siguiente, 17 de julio, a las mismas horas, se tomará declaración como imputados a dos personas que forman parte del equipo técnico de la Diputación Provincial y que participaban en el proceso de tramitación y baremación de las solicitudes de ayudas Reindus. Se trata de Teodoro Garrido y Adelaida Moares.

Ya el 18 de julio, la toma de declaraciones se realizará a otros dos imputados. Esta vez, se trata de dos altos cargos del Ministerio de Industria. El primero, Ramón Herrero Arbizu, actual secretario general de Programas Estratégicos de la Dirección General de Industria y Pymes del Ministerio de Industria y, además uno de los miembros autorizados por el Gobierno central como representantes en el Consejo Rector de Las Aletas. El segundo será Alejandro Fernández Granado, subdirector general adjunto de la misma Dirección General anteriormente citada.

El cuarto y último día de toma de declaraciones será el lunes día 22 de julio, y les tocará el turno a otros dos ex altos cargos del Ministerio de Industria. El primero en declarar será Juan Ignacio Moratinos Alonso, quien fuera consejero técnico de la Subdirección General de Industria; y acabará con Jesús Candil, el director general de Industria durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y segundo del Ministerio hasta la llegada del PP. Además, el propio Candil acudió en varias ocasiones a la provincia de Cádiz para presentar las distintas convocatorias de las ayudas Reindus.

En total, las diligencias previas abiertas en el caso Bahía Competitiva afectan a 26 personas diferenciadas en cuatro grupos. Por un lado, los empresarios entre los que figuran Miguel, José y Gorka Retolaza Gaviña, el ya citado Agustín Bobo de Vega, el mismo Alejandro Dávila Ouviña, Fernando Juan de Arespacochaga, María Victoria Barreira Vivian o Ana Isabel Fuentes Mateo, entre otros. El segundo grupo es el vinculado a la Agencia IDEA, y aparecen Antonio Perales, Rosa María Rodríguez Cano o Rosa Mellado, entre otros. El tercer grupo es el relacionado con la Diputación e incluye a los ya citados Teodoro Garrido, Adelaida Moares o María José Valencia. El último afecta al Ministerio de Industria, con los cuatro altos cargos citados.