Jueces y fiscales claman juntos contra la situación de la Justicia

"Hace tiempo que era previsible que nos uniéramos para hacer este tipo de reclamaciones". Fue una de las declaraciones que se escuchó ayer en la concentración de jueces y fiscales de la provincia de Cádiz, a la que se unieron abogados y procuradores, para protestar por la situación actual de la Justicia y contra reformas como la ley de tasas. Un clamor de la carrera judicial que se extendió en manifestaciones por toda España pidiendo el aumento de plazas, criticando el abandono de sedes judiciales, la sobrecarga de trabajo, las reformas "que atentan contra la independencia judicial" o la ley de tasas judiciales; la última reforma que ha terminado de poner de acuerdo a todos por primera vez. Estas nuevas tasas, temen, pueden tener el efecto de retraer al ciudadano a la hora de acceder a la Justicia. La situación no hace descartar una nueva huelga en la Justicia.

En Cádiz, en una concentración que se podría llamar pionera, más de medio centenar de profesionales de la Justicia, con amplia representación de jueces y fiscales, acudieron a las puertas del juzgado de San José, en la capital, donde la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, leyó el manifiesto acordado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales "tras valorar la situación actual en la que nos encontramos y preocupados por prestar a los ciudadanos la Justicia de calidad que nuestro sistema constitucional exige". "La Justicia debe estar llamada a encabezar el discurso público contra la crisis, centrada en las personas, en la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, y ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica", concluye el comunicado leído.

En el décimo punto del manifiesto se solicitaban "unas tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas". Orellana recordó que hay tasas desde 2002 para las personas jurídicas, "el problema es imponerla al ciudadano de a pie y que eso le impida acceder a un recurso, una instancia o una demanda". "Desde el punto de vista de que la tasa impida el acceso a la justicia me parece censurable", añadió la jueza decana de Cádiz.

En los mismos términos se expresó la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, que dio algunos datos. "En justicia se tramitaban antes unos 2.000 expedientes anuales y pasaron a 4.000, lo que quiere decir que la situación de la provincia refleja que la renta familiar va bajando y bajando, y también que las personas se quedan a lo mejor a pocos euros de acceder a esta justicia gratuita". Para Ayuso, "obviamente el tener que pagar un letrado más las tasas retraerá al ciudadano".

Sobre esta reforma se expresó la Asociación de Jóvenes Abogados. Su presidente, Daniel de la Peña, que acudió a la cita junto a otros letrados y procuradores, manifestó que "ahora mismo es difícil de cuantificar el límite de acceso a la justicia que conllevará esta nueva ley para el ciudadano medio, pero va suponer un gravamen para esa mayoría que no van a tener posibilidad ninguna". "Nosotros exigimos la retirada inmediata de la ley de tasas".

Pero los jueces y fiscales no estaban sólo por eso concentrados en San José. Hasta diez puntos contenía el comunicado aprobado por sus distintas agrupaciones. Orellana dijo que hasta elegir un lugar de concentración había sido difícil en Cádiz. "Tenemos una dispersión de sedes, en la Audiencia Provincial, en la Avenida los juzgados de lo Contencioso, en el Estadio Carranza y en San José", lugar este último donde se desarrolló el encuentro.

Y es que esto le sirvió para pedir una de nuevo "la Ciudad de la Justicia que llevan años prometiéndonos", además de resaltar "la congelación de oposiciones, que no se hayan creado en dos años nuevas unidades judiciales ni nuevos juzgados cuando la crisis cada vez hay un mayor incremento de asuntos".

La fiscal jefe Ángeles Ayuso confirmó su temor "porque no se cubran muchas vacantes que hasta ahora se han hecho con fiscales sustitutos". "Nosotros seguiremos trabajando igual, haciendo lo que podemos, pero el problema viene en que si no nos dotan de medios personales y materiales podemos paralizar los juzgados en vez de apoyarlos como hasta ahora venimos haciendo dignamente. Se nos quiere llevar a una situación de hace 25 años", aseguró. "Si se paraliza el aumento de plazas nos va a costar mucho llegar donde nosotros creemos que tenemos que llegar en esta provincia", dijo, como en asuntos de corrupción o delincuencia económica.

Los concentrados ayer en el barrio de San José de Cádiz capital quisieron dejar claro que lo que pretenden es obtener una justicia de calidad "que es lo que merece el ciudadano". "Y también rechazamos cualquier reforma que atente contra la independencia del poder judicial, la mejor garantía para un ciudadano es poder ir a tribunales imparciales, sin que se le reste competencias ni atribuírselas al Ministerio de Justicia", aseveró Nuria Orellana, en referencia al proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial.